Habitantes de las poblaciones de Carrillo, San Pelayo y Pelayito alzaron su voz para denunciar una serie de presuntos atropellos cometidos durante la ejecución del proyecto de doble calzada entre Cereté y Lorica, obra a cargo de la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) y la concesión Ruta al Mar.
Afectaciones por doble calzada
Los afectados aseguran que las ofertas económicas presentadas para la adquisición de predios son insuficientes y, en muchos casos, se han hecho con base en avalúos cuestionables. Además, denuncian afectaciones graves a sus viviendas y entornos por errores en las obras de infraestructura, como la instalación de box culverts que, según la comunidad, han agravado las inundaciones en zonas como Carrillo.
“Mi vivienda está totalmente deteriorada por las inundaciones causadas por ese box culvert frente a mi casa. Ya no solo mi hogar, sino toda la zona, incluyendo la plaza de Carrillo y barrios como Santa Catalina y Lauriano Gómez, se inundan cada vez que llueve”, manifestó Mariluza Hernández Pérez, residente afectada.
Otras denuncias apuntan a presuntas presiones y desalojos forzosos. “La Alcaldía de San Pelayo emitió dos certificados de uso de suelo para mi predio, uno rural y otro urbano. Ruta al Mar desconoce el uso urbano y nos están presionando con presencia de la SIJIN, Policía y hasta el ESMAD para que entreguemos las tierras. Ya hay fecha para el despojo: el 29 de agosto”, denunció otra habitante, quien pidió la intervención urgente del gobernador de Córdoba.
El abogado Miguel Alfredo Ramos López, apoderado del comité ANUC Carrillo, alertó sobre presuntas irregularidades en los avalúos comerciales. Según indicó, se usó información falsa para justificar precios bajos en la compra de predios para la construcción de la doble calzada.
“Los documentos usados por la concesión contienen comparaciones de mercado basadas en datos manipulados y testimonios falsos. Incluso se emplearon nombres y gestiones de personas sin su autorización. Estas irregularidades ya están siendo investigadas por la Fiscalía, que cuenta con soportes documentales y declaraciones que respaldan nuestras denuncias”, afirmó Ramos.
La comunidad exige a las autoridades nacionales y departamentales intervenir para frenar lo que consideran una violación sistemática de sus derechos, y para garantizar un proceso justo y transparente en la ejecución de esta obra vial.
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