Congreso estudia reforma para agilizar procesos judiciales de desmovilizados en Justicia y Paz

El senador Antonio José Correa presentó una propuesta para modificar la Ley 975 de 2005 y resolver procesos represados desde hace casi dos décadas.
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El Senado de la República recibió el pasado 20 de julio el Proyecto de Ley presentado por el senador Antonio José Correa Jiménez, con el objetivo de modificar el procedimiento contenido en la Ley 975 de 2005.

Esta reforma busca destrabar la definición jurídica de cientos de desmovilizados acogidos al proceso de Justicia y Paz, cuyas situaciones permanecen sin resolución desde hace más de 15 años.

Según lo explicado en el documento, uno de los principales problemas ha sido la lentitud del procedimiento actual, que exige investigar y juzgar caso por caso, a pesar de que existen patrones de macrocriminalidad ampliamente identificados.

Esta práctica ha colapsado el sistema, impidiendo decisiones oportunas tanto para los desmovilizados como para las víctimas.

Actualmente, hay 317 procesos activos bajo esta jurisdicción, atendidos por apenas 15 magistrados, un juez y 95 funcionarios en total. Las salas están ubicadas en Bogotá, Medellín, Barranquilla y Bucaramanga.

La falta de personal, sumada a la carga procesal, ha hecho imposible avanzar con agilidad en la definición de responsabilidades.

El texto presentado plantea modificaciones para dar mayor rapidez al procedimiento, permitiendo que los magistrados definan la situación jurídica de los postulados mediante mecanismos concentrados, sin sacrificar los derechos fundamentales.

También se propone eliminar algunas etapas que han resultado duplicadas e innecesarias, como la audiencia de imputación, para evitar demoras que afectan tanto a postulados como a víctimas.

La propuesta mantiene los beneficios judiciales vigentes, pero advierte que solo serán aplicables a quienes cumplan con los requisitos establecidos, entre ellos el reconocimiento de responsabilidades y la reparación a las víctimas.

El proyecto busca resolver uno de los principales cuellos de botella del sistema judicial especial y avanzar hacia el cierre de procesos largamente aplazados.

  


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