El próximo 20 de julio será radicada en el Congreso de la República, una ley estatutaria que busca regular el reparto de las acciones de tutela interpuestas contra el presidente de la República. La iniciativa surge como respuesta a la controversia generada por un reciente decreto del Ministerio de Justicia que modificó esta competencia.
Ley estatutaria del Congreso
Tradicionalmente, el conocimiento de estas tutelas estaba en manos del Consejo de Estado, dada su jerarquía como máximo tribunal de lo contencioso administrativo. Sin embargo, el decreto trasladó esa responsabilidad a los jueces de circuito, lo que ha encendido el debate jurídico y político en el país.
Diversos sectores consideran que esta medida podría descentralizar, e incluso diluir, el control judicial sobre las decisiones del jefe de Estado. Además, expertos han advertido sobre el riesgo de que los jueces de menor jerarquía se vean saturados con casos de alta complejidad constitucional, afectando la uniformidad de la jurisprudencia.
Ante este panorama, la ley estatutaria pretende establecer un marco legal claro, evitando cambios por vía administrativa y garantizando la seguridad jurídica en los procesos de protección de derechos fundamentales, especialmente cuando están en juego decisiones del primer mandatario.
Con esta propuesta legislativa, el Congreso busca devolver certeza al sistema judicial y preservar la institucionalidad frente al control constitucional de las actuaciones del presidente, en un contexto donde la independencia y solidez del poder judicial se vuelven clave para el equilibrio democrático.
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