El organismo de control señala que el pasivo pensional de tres instituciones suma $8,3 billones.
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La Contraloría General de la República lanzó este miércoles una alerta sobre la crítica situación fiscal que enfrentan las principales universidades públicas de Colombia, poniendo en riesgo su sostenibilidad y la calidad de la educación superior.
Según el estudio realizado por el organismo de control, la Universidad Nacional, la Universidad de Antioquia y la Universidad del Valle acumulan un pasivo pensional de $8,3 billones, siendo la Nacional la más afectada con una deuda de $4,5 billones.
“De no atenderse de manera oportuna estas situaciones preocupantes, se pone en riesgo la sostenibilidad de estas instituciones y la prestación de este importante servicio público”, indicó la Contraloría en su informe.
El estudio reveló que algunas universidades realizan proyecciones actuariales con bases de datos que tienen hasta una década de antigüedad, lo que dificulta determinar el monto real de la deuda pensional.
Otro factor que agrava la crisis es el régimen salarial docente, que permite la acumulación de puntos por productividad académica, aumentando considerablemente los gastos.
En la Universidad de Antioquia, por ejemplo, el valor anual de los puntos asignados creció 76% entre 2017 y 2024, pasando de $10.364 millones a $18.239 millones.
La Contraloría destacó que “la Nación nunca ha asignado recursos específicos para cubrir estos incrementos salariales”, lo que obliga a las universidades a usar sus propios fondos para cumplir con estas obligaciones.
La política de gratuidad en las matrículas también complica las finanzas institucionales. Desde la implementación del Decreto 2271 de 2023, las universidades reciben un primer giro del 80% al inicio del semestre y un segundo del 20% después de la validación de datos, pero estos desembolsos suelen llegar tarde y fraccionados.
La entidad también expresó preocupación por el reciente Decreto 391 de 2025 sobre formalización laboral, que según el Sistema Universitario Estatal (SUE) requeriría recursos adicionales por $2,9 billones, “sin una fuente clara de financiación por parte del Gobierno nacional”.
La Contraloría recomendó aprobar con urgencia la modificación al esquema de financiación previsto en la Ley 30 de 1992, que actualmente se tramita en el Congreso, y garantizar que mientras tanto, los recursos nacionales se transfieran oportunamente para cubrir las necesidades estructurales y operativas de las universidades públicas.
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