Un millonario contrato de más de 2,1 billones de pesos para organizar las elecciones de 2026 en Colombia está a punto de ser adjudicado de forma directa a la firma Thomas Greg & Sons, la única que quedó en competencia tras la deserción de otras nueve compañías inicialmente interesadas. La situación ha encendido alarmas en la Casa de Nariño y amenaza con convertirse en un nuevo pulso entre la Registraduría Nacional y el presidente Gustavo Petro, quien ha sido un férreo crítico de esta empresa.
La licitación fue abierta por la Registraduría el pasado 28 de mayo para contratar una “solución integral logística, tecnológica e informática” que garantice el desarrollo seguro y transparente de los comicios presidenciales y legislativos de 2026. Aunque el proceso despertó inicialmente el interés de diez empresas nacionales e internacionales, solo Thomas Greg & Sons presentó una propuesta formal, lo que la posiciona como la eventual adjudicataria del contrato.
Entre las razones esgrimidas por las firmas que se retiraron del proceso, se encuentran problemas de seguridad, alta complejidad técnica y falta de garantías institucionales. Empresas como Toppan Security Colombia S.A.S. y Smartmatic, reconocidas en el sector, enviaron comunicaciones oficiales a la Registraduría explicando su decisión de no continuar. Toppan, por ejemplo, citó la “gobernabilidad incierta y desafíos en la estabilidad institucional del país” como un riesgo para operar.
Un viejo conocido, bajo nueva controversia
Thomas Greg & Sons no es ajena al proceso electoral colombiano. La empresa ha estado a cargo de anteriores elecciones y también del suministro de documentos clave como pasaportes. Sin embargo, el presidente Gustavo Petro ha expresado de forma reiterada su desconfianza frente al rol de esta compañía en el manejo de los datos sensibles de los ciudadanos y en la organización electoral.
“Thomas Greg & Sons no puede monopolizar los datos de los colombianos y al mismo tiempo escrutar elecciones. Eso es un peligro inmenso para la democracia”, ha afirmado Petro, quien incluso frenó la renovación del contrato de pasaportes con la firma, transfiriendo ese proceso a la Imprenta Nacional y a un proveedor portugués.
Desde su cuenta de X (antes Twitter), el mandatario ha cuestionado abiertamente lo que considera un control excesivo de esta firma sobre los sistemas informáticos del Estado, señalando posibles conflictos de interés y vínculos con poderosos sectores políticos y económicos del país.
La Registraduría se alista para adjudicar
Pese al ruido político, fuentes cercanas a la Registraduría aseguran que la adjudicación del contrato podría oficializarse este mismo miércoles, en tanto Thomas Greg & Sons cumplió con todos los requisitos técnicos, jurídicos y financieros exigidos por el pliego.
Mientras tanto, se agudiza el choque institucional: desde la Presidencia insisten en buscar alternativas que garanticen la “neutralidad digital” del proceso electoral, mientras que en la Registraduría argumentan que no hay otra opción viable ante la retirada masiva de oferentes.
El proceso no ha terminado, pero la controversia está servida. A medida que se acerquen las elecciones de 2026, la legitimidad de los comicios podría verse afectada por la sombra de la desconfianza entre el Ejecutivo y la entidad electoral, así como por las tensiones en torno al manejo de los datos y el poder de las contrataciones públicas.
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