Corte Constitucional devolvió la reforma pensional y ordena corrección de errores en el trámite

El alto tribunal concede 30 días a la Cámara de Representantes para subsanar las fallas encontradas en el proceso legislativo.
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La Corte Constitucional decidió remitir nuevamente la reforma pensional a la Cámara de Representantes tras encontrar vicios de trámite en su aprobación. El alto tribunal otorgó un plazo de 30 días para que los congresistas corrijan los errores identificados en el proceso legislativo.

La decisión judicial suspende temporalmente la entrada en vigencia de la reforma, a excepción de los artículos 12 y 76 de la ley, que permanecen activos mientras se resuelve la situación. Esta suspensión se mantendrá hasta que la Sala Plena determine si las correcciones realizadas por el Congreso son adecuadas.

Los vicios de trámite detectados por la Corte se relacionan con irregularidades durante el proceso de aprobación en el Legislativo. Según había advertido el constitucionalista Juan Manuel Charry, el problema más grave ocurrió cuando la Cámara de Representantes acogió el texto del Senado mediante una proposición que no fue previamente publicada ni debatida, violando requisitos constitucionales fundamentales.

Este tipo de falla procedimental era uno de los cuatro escenarios que los expertos habían previsto para la revisión constitucional de la reforma aprobada en 2024. El retorno al Congreso para corrección de errores representa una opción intermedia que no tumba completamente la ley, pero exige repetir parte del procedimiento legislativo.

La Cámara de Representantes deberá presentar un informe detallado a la Corte Constitucional explicando cómo subsanó cada uno de los vicios señalados. Los magistrados evaluarán si las correcciones cumplen con los requisitos constitucionales necesarios para dar continuidad al proceso.

Esta decisión materializa las preocupaciones que tenían los juristas sobre el trámite legislativo de la reforma pensional del gobierno Petro. La Corte optó por la ruta intermedia que permite mantener viva la norma, pero requiere una nueva discusión parlamentaria que podría extender el proceso por varios meses adicionales.

  


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