Según se demostró en el proceso, el exmandatario recibió sumas de dinero y recursos en especie para su campaña política a cambio de adjudicar contratos públicos.
La Sala Especial de Primera Instancia de la Corte Suprema de Justicia dictó sentencia contra Omar Ricardo Díazgranados Velásquez, exgobernador del Magdalena, imponiéndole una pena de 10 años y siete meses de prisión por los delitos de concierto para delinquir agravado y lavado de activos.
El alto tribunal determinó que Díazgranados, tanto en su condición de candidato como posteriormente cuando ejerció como gobernador entre 2008 y 2011, estableció un acuerdo criminal con David Murcia Guzmán, líder de la controvertida captadora DMG. Según se demostró en el proceso, el exmandatario recibió sumas de dinero y recursos en especie para su campaña política a cambio de adjudicar contratos públicos a empresas vinculadas con este grupo económico.
La sentencia incluye, además de la pena privativa de la libertad, una multa de 12.931 salarios mínimos legales mensuales vigentes y la inhabilitación para ejercer cargos públicos por un periodo igual al de la condena principal. El tribunal le negó al exgobernador tanto la suspensión condicional de la pena como la posibilidad de cumplirla en prisión domiciliaria.
La Corte consideró especialmente grave que el condenado utilizara su posición de poder para contribuir a las operaciones de lavado de activos que realizaba DMG a través de una red multinacional destinada a ocultar y redistribuir utilidades provenientes de actividades ilícitas.
En el mismo proceso judicial estaba vinculada Laura María Úsuga Varela, quien se desempeñó como gobernadora encargada del Magdalena, acusada de contrato sin cumplimiento de requisitos legales. Sin embargo, la Sala emitió sentencia absolutoria en su caso al no encontrar evidencia de que hubiera actuado con dolo en la licitación pública otorgada a la empresa Provitec Ltda.
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