El alto tribunal no acogió el proyecto del magistrado Misael Rodríguez que buscaba privar de la libertad a los congresistas investigados por corrupción
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La Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia rechazó el proyecto de fallo del magistrado Misael Fernando Rodríguez, que proponía dictar medida de aseguramiento contra cinco congresistas investigados por el entramado de corrupción en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD).
Los congresistas Juan Pablo Gallo, Julián Peinado, Liliana Bitar, Wadith Manzur y Karen Manrique continuarán en libertad mientras avanza la investigación.
El alto tribunal no acogió el extenso documento presentado por el magistrado Rodríguez, que contenía más de 500 páginas con evidencias sobre la presunta participación de los cinco congresistas en el direccionamiento irregular de contratos en la UNGRD.
La Sala consideró que las pruebas reunidas no eran suficientes para justificar la privación de la libertad de los investigados.
Los congresistas involucrados integran la Comisión Interparlamentaria de Crédito Público, donde, presuntamente, acordaron aprobar operaciones crediticias a cambio de recibir contratos millonarios en municipios como Cotorra (Córdoba), Saravena (Arauca) y El Carmen de Bolívar (Bolívar).
Liliana Bitar, senadora conservadora por Córdoba, fue la única de los investigados que rindió testimonio completo ante la Corte Suprema, en una diligencia de cuatro horas realizada en diciembre de 2024. Posteriormente solicitó ampliar su indagatoria.
Wadith Manzur, representante conservador por Córdoba, también guardó silencio ante la Corte. Su caso ha generado especial controversia por su rol como presidente de la Comisión de Acusación, encargada de investigar al presidente Petro.
Karen Manrique, representante por Arauca en las curules de paz, fue señalada por los exdirectivos de la UNGRD como intermediaria clave en el esquema.
Según testimonios recientes, habría coordinado un contrato por más de 32.000 millones de pesos que sería administrado por su esposo, el empresario Gustavo González Ruiz.
La decisión de la Corte Suprema permite que los cinco congresistas continúen ejerciendo sus funciones legislativas mientras se desarrolla la investigación.
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