El Juzgado Penal del Circuito Sahagún-Córdoba dictó sentencia tras aceptación de cargos por feminicidio agravado y secuestro simple.
El Juzgado Penal del Circuito de Sahagún, Córdoba, condenó a Sadith Vanessa Martínez Bustamante a 34 años, 11 meses y 19 días de prisión por el asesinato de una mujer embarazada a quien extrajo su bebé mediante una cesárea artesanal.
La sentencia, emitida el 13 de marzo de 2025, incluye además el pago de un salario mínimo legal mensual vigente como multa.
Martínez Bustamante, de 27 años, aceptó su responsabilidad en calidad de autora de los delitos de feminicidio agravado en concurso con secuestro simple agravado. La audiencia para verificar el preacuerdo se realizó el 5 de febrero de 2025, donde la acusada ratificó su culpabilidad.
Según los hechos probados en el proceso, el 17 de mayo de 2023, Martínez Bustamante llevó a la víctima, Luz Neida Betín Baldovino, quien tenía nueve meses de embarazo, a una zona apartada de la finca “La Gloria” en el corregimiento “Los Amarillos”. Allí, le causó heridas con arma cortopunzante en el cuello y abdomen que provocaron su muerte.
La Fiscalía determinó que el móvil del crimen fue el plan de la procesada para quedarse con el bebé de la víctima. Tras asesinar a Betín Baldovino, Martínez realizó una cesárea artesanal para extraer a la recién nacida, a quien retuvo haciéndole creer a su entorno, incluido su compañero sentimental, que ella misma había dado a luz.
El tribunal destacó “el grado de perversidad” con que se llevaron a cabo los hechos punibles, señalando que la procesada mostró “un total desprecio por la vida e integridad” de la víctima al atacarla en estado de indefensión.
El juez ordenó el traslado inmediato de la condenada desde el Complejo Carcelario y Penitenciario de Alta y Media Seguridad de Ibagué “Picaleña” al establecimiento carcelario “Las Mercedes” de Montería, Córdoba.
En su fallo, el juez del caso señaló que el derecho a la vida debe entenderse como “un derecho inviolable que implica que nadie puede vulnerarlo, lesionarlo o amenazarlo sin justa causa”, recordando que este principio está protegido tanto por la Constitución colombiana como por tratados internacionales.
La sentencia puede ser apelada dentro del término previsto por la ley para tal efecto.
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