Director de la UNP es investigado por la Procuraduría por presuntas fallas en protección a líderes sociales

La Procuraduría General de la Nación abrió una investigación disciplinaria contra Augusto Rodríguez Ballesteros, director de la Unidad Nacional de Protección (UNP), por supuestas omisiones en la atención de solicitudes de esquemas de seguridad para líderes sociales. Según el ente de control, se indaga si la entidad dejó de atender requerimientos urgentes por parte de …
El cargo Director de la UNP es investigado por la Procuraduría por presuntas fallas en protección a líderes sociales apareció primero en Chicanoticias Noticias Líder en Montería, Córdoba y Colombia.

La Procuraduría General de la Nación abrió una investigación disciplinaria contra Augusto Rodríguez Ballesteros, director de la Unidad Nacional de Protección (UNP), por supuestas omisiones en la atención de solicitudes de esquemas de seguridad para líderes sociales. Según el ente de control, se indaga si la entidad dejó de atender requerimientos urgentes por parte de personas en situación de riesgo en zonas afectadas por la violencia.

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Director de la UNP en investigación

El proceso también busca establecer si hubo irregularidades en la reubicación de agentes de protección hacia funciones administrativas, lo cual habría agravado el déficit de personal operativo en la UNP. La Procuraduría intenta determinar si estas decisiones fueron justificadas o si constituyen faltas disciplinarias por parte del funcionario.

Este caso se da en un contexto de creciente preocupación por la seguridad de defensores de derechos humanos en Colombia. Organizaciones sociales han venido alertando sobre el aumento de amenazas y atentados contra líderes y lideresas en distintas regiones del país, señalando fallas estructurales en los esquemas de protección del Estado.

Hasta el momento, la UNP no se ha pronunciado oficialmente sobre la investigación. De confirmarse las irregularidades, Rodríguez Ballesteros podría enfrentar sanciones que van desde multas hasta la destitución del cargo. El proceso podría reavivar el debate nacional sobre la eficacia del sistema de protección a líderes sociales.

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