EE.UU., el país más rico del mundo, rompe récords de indigencia mientras Trump endurece medidas: más de 770 mil personas sin hogar

Mientras Estados Unidos enfrenta la peor crisis de personas sin hogar de su historia moderna, el presidente Donald Trump ha optado por responder con un enfoque punitivo: desplegar a la Guardia Nacional, militarizar las calles y endurecer las políticas contra quienes viven en ellas.

Este domingo, el mandatario escribió en su red TruthSocial:
“Las personas sin hogar tienen que marcharse de inmediato. Les daremos un lugar en el que quedarse, pero lejos de la capital. Los criminales no tienen que mudarse. Los vamos a meter a la cárcel, que es donde deberían estar”, anunció, un día antes de ordenar la intervención directa en Washington D.C., poniendo incluso a la policía local bajo su mando.

El objetivo declarado: “liberar” la capital del país del desorden y la criminalidad, y transformarla en una ciudad “más segura y bella que nunca”. Sin embargo, las autoridades locales, encabezadas por la alcaldesa Muriel Bowser, calificaron la decisión como “desconcertante e improcedente”, especialmente considerando que los delitos violentos en la ciudad han caído a su nivel más bajo desde el pico registrado en 2023, según la Policía Metropolitana de Washington D.C.

Cifras sin precedentes

En enero de 2024, el Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano (HUD) registró 771.480 personas sin hogar, la cifra más alta desde que se realiza este conteo anual. Representa un incremento del 18% frente a 2023, que ya había visto un aumento del 12% con respecto al año anterior.

El crecimiento fue generalizado en todos los grupos poblacionales, pero especialmente marcado entre las familias con hijos, con un aumento del 40%. Solo esa noche del conteo, casi 150.000 menores fueron identificados sin acceso a vivienda.

Un colectivo que sí mostró mejoría fueron los veteranos de guerra, con una reducción del 8% en 2024.

Las principales causas identificadas por el HUD incluyen la crisis de vivienda asequible y el fin de los apoyos federales implementados durante la pandemia, como las moratorias de desalojos y los subsidios de emergencia para el alquiler.

El peso de la migración

El aumento de personas sin techo también ha sido agravado por la llegada masiva de migrantes en busca de asilo. Las comunidades con mayor flujo migratorio vieron duplicarse el número de familias sin hogar, mientras que en el resto del país el aumento fue del 8%.

En zonas como Skid Row, en Los Ángeles, la BBC documentó en 2024 la presencia de decenas de familias recién llegadas de Venezuela, Ecuador y otros países. Doris, una venezolana de 40 años, contó que lleva 10 días durmiendo en una carpa junto a su hija y su nieta:

“Pensábamos que estaríamos primero en un albergue y que después, con algún trabajito aquí o allá, podríamos asentarnos y pagar una renta. Pero lamentablemente no es fácil cuando eres migrante y no tienes permiso de trabajo”, relató.

La situación ha cambiado drásticamente desde entonces: las políticas migratorias de Trump han paralizado prácticamente el flujo migratorio, endureciendo la frontera y aumentando las deportaciones.

Raíces estructurales, respuestas simplistas

Más allá de los números, organizaciones especializadas advierten que esta crisis es estructural, profunda y multifactorial. La National Alliance to End Homelessness señala como causas principales la escasez crónica de vivienda asequible, el aumento del costo del alquiler frente a los salarios, el acceso limitado a servicios sociales y médicos, y las desigualdades raciales persistentes.

“Las políticas discriminatorias históricas y actuales continúan dando forma a quién tiene acceso a recursos y oportunidades”, advierte la organización.

Según sus datos, entre 2015 y 2022 aumentó más del 12,5% la cantidad de hogares que destinan más del 50% de sus ingresos al pago del alquiler, una carga económica insostenible. De hecho, según la NLIHC, un trabajador promedio con salario mínimo debe laborar 104 horas semanales para pagar un apartamento de un dormitorio a precio de mercado.

El déficit actual de vivienda asequible ronda los 7,1 millones de unidades, lo que deja disponibles solo 35 viviendas por cada 100 familias en situación de pobreza extrema.

La doctora Margot Kushel, directora del Benioff Homelessness and Housing Initiative de la Universidad de California San Francisco (UCSF), señala que:

“La crisis actual está enraizada en la enorme escasez de vivienda para personas que llevan demasiado tiempo en situaciones extremas”, pero también en el hecho de que muchos no tienen acceso a servicios básicos de salud o protección social.

Estados Unidos no cuenta con un sistema de salud pública universal, y según una encuesta de 2024 de KFF, tres de cada cuatro adultos temen no poder cubrir gastos médicos inesperados, incluso teniendo seguro.

Además, el equipo de Kushel ha demostrado que casi la mitad de los adultos mayores sin hogar perdió su vivienda después de los 50 años, lo que demuestra que esta crisis no es exclusiva de jóvenes marginados.

“Una imagen distorsionada”

A pesar de esta complejidad, la nueva orden ejecutiva de Trump, firmada el 24 de julio, plantea una narrativa simplificada y enfocada en la criminalización:

“La vagancia endémica, el comportamiento desordenado, los enfrentamientos repentinos y los ataques violentos” son, según el texto, los responsables de la inseguridad urbana.

“La abrumadora mayoría de estos individuos son adictos a las drogas o tienen una afección de salud mental, o ambos (…)”, asegura el documento presidencial.

El plan exige acciones legales contra normativas judiciales que protegen a las personas sin hogar de ser trasladadas por la fuerza, y prioriza subsidios federales para gobiernos locales que prohíban el consumo de drogas en público, el merodeo y la acampada urbana.

Además, incluye la recopilación masiva de datos sobre salud mental y condiciones de vida, algo que ha generado fuertes críticas por su posible uso para aumentar la vigilancia y criminalización.

La ACLU advirtió que: “Criminalizar a la gente por no tener un techo o por sufrir problemas de salud mental o de abuso de sustancias no aporta a crear una comunidad más segura, sino que hace que todos estén menos seguros, y no contribuye en nada a una posible solución de la crisis de las personas sin hogar”.

Kushel, por su parte, lo resume así: “Las declaraciones del presidente y su orden ejecutiva dibujan un retrato excesivamente simplista y distorsionado de la cuestión”.

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