Mientras crece el descontento social por las excesivas tarifas en las estaciones de peaje, el Gobierno Nacional, a través del Ministerio de Transporte, ha publicado un nuevo proyecto de resolución que contempla incrementar aún más el valor de los peajes a partir del año 2026. La medida ha generado indignación, sobre todo en el departamento de Córdoba, donde se ubican seis estaciones del proyecto vial que se verán directamente afectadas.
Chica Noticias conoció en exclusiva el contenido de la Resolución No. 000410 del 26 de febrero de 2020, actualizada y publicada el lunes 12 de mayo del presente año en la página oficial del Ministerio de Transporte, en la cual se plantea que, desde 2026 y hasta 2034, se aplicará un aumento adicional del 2% sobre el IPC anual, específicamente en las estaciones de peaje correspondientes al Contrato de Concesión 016 de 2015, relacionado con el proyecto Conexión Antioquia – Bolívar.
Este nuevo incremento se suma al ajuste pendiente por el Decreto 050 de 2023 (4,64%) y al índice de inflación del año 2024 (5,2%), lo que resultará en un alza de aproximadamente 10% para el año 2025, y posteriormente, aumentos constantes cada 16 de enero hasta el año 2034.
Córdoba, en el epicentro de la inconformidad
La resolución impacta con mayor fuerza al departamento de Córdoba, donde seis estaciones de peaje hacen parte del proyecto en mención, dos de ellas ubicadas en jurisdicción del municipio de Montería, capital del departamento. La medida no solo agrava la ya delicada situación económica de los usuarios frecuentes, sino que además contradice los llamados de las autoridades locales y la ciudadanía que, desde hace meses, han venido reclamando una revisión a la baja de estas tarifas, y no un nuevo golpe al bolsillo.
Rechazo anunciado
El anuncio ha caído como un balde de agua fría en medio de protestas crecientes de transportadores, líderes cívicos, habitantes rurales y urbanos que han visto cómo los peajes se convierten en un obstáculo para su movilidad y actividad económica diaria. Con este nuevo incremento, las tarifas podrían oscilar entre $500 y $1.200 adicionales por año para las categorías I, II y III y hasta $6.200 para las categorías superiores, según el valor base.
El argumento del Gobierno, basado en mantener un “incremento tarifario sostenible” y asegurar la compensación por el riesgo en el proyecto de concesión, no convence a la ciudadanía, que percibe la decisión como una desconexión total con la realidad de las regiones.
¿Más beneficios para las concesiones que para la gente?
La resolución deja claro que el incremento del 2% no aplicará para las tarifas diferenciales, es decir, aquellas que benefician a algunos sectores con descuentos. Sin embargo, la mayoría de los usuarios comunes sí verán el aumento reflejado en sus recibos, año tras año, hasta 2034.
El nuevo ajuste, lejos de aliviar tensiones, promete profundizar el rechazo social en Córdoba y otras zonas del Caribe colombiano. Se espera pronunciamiento de la Gobernación, la Alcaldía de Montería y congresistas de la región, quienes en múltiples ocasiones han elevado su voz contra lo que consideran una carga excesiva e injusta para los cordobeses.
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