Lo que comenzó como una ilusión de tener casa propia, hoy tiene en vilo a decenas de familias monterianas que ven cómo se esfuman sus ahorros y su esperanza de un techo digno. Se trata del proyecto de vivienda “Nueva Montería”, liderado por la Asociación de Vivienda Digna de Córdoba (ASOVIDECOR), el cual se encuentra paralizado por razones técnicas y ambientales.
Casas en el aire
Según testimonios recogidos, la situación ha generado angustia, frustración y una creciente ola de solicitudes para la devolución del dinero entregado por los beneficiarios. Una de las afectadas, quien pidió reservar su identidad por seguridad, narró entre lágrimas que desde que se enteró del problema no ha podido dormir. “Me duele ver que se apaga mi sueño de tener casa propia. Con esfuerzo y sacrificio pagué todo puntual, porque creí en este proyecto”, relató la mujer, trabajadora informal que lucha por brindarle estabilidad a sus hijos.
El programa exigía pagos desde el momento de inscripción: $200.000 no reembolsables, $50.000 por un kit con camiseta y carné, $30.000 mensuales para vigilancia y $20.000 adicionales por estacas que marcarían los lotes. Recibos que hoy los beneficiarios guardan como prueba de su aporte, esperando que algo se les devuelva.
En grupos de WhatsApp donde están conectados los afiliados, crece la indignación. La frase más repetida es: “Yo necesito que me devuelvan mi plata”. Aunque muchos reconocen que el valor de la inscripción no será devuelto, claman por la devolución del resto de los pagos realizados.
El problema de fondo: el terreno no es apto
La razón por la que el proyecto quedó en el limbo es contundente. El lote donde se pretendía construir está catalogado como suelo de protección o recuperación ambiental, lo que impide legalmente el desarrollo de cualquier tipo de urbanismo. Según expertos consultados, ni siquiera sería permitido construir un kiosco en esa zona, lo que deja sin viabilidad el proyecto de casas desde el punto de vista ambiental y jurídico.
La comunidad señala directamente a los líderes del proyecto, entre ellos Yalenis Mazón, a quienes acusan de no haber sido transparentes con la información y de mantener silencio ante las múltiples preguntas de los beneficiarios.
Este caso pone en evidencia la falta de regulación y control sobre organizaciones que promueven proyectos de vivienda popular en Montería, y deja sobre la mesa una dolorosa lección para las familias más vulnerables: la necesidad de mayor vigilancia y respaldo institucional cuando se trata de su derecho a una vivienda digna.
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