Según el diputado Gabriel Calle, el 60% de los 900.000 millones que se recaudarían en 20 años iría a manos privadas.
El proyecto para implementar fotomultas en el departamento de Córdoba mediante una sociedad de economía mixta recibió fuertes críticas durante el debate realizado este jueves en la Asamblea Departamental, donde diputados de oposición denunciaron que beneficiaría principalmente a particulares y afectaría la economía de los transportadores.
El diputado Gabriel Calle lideró los cuestionamientos al revelar que, según el estudio previo, el proyecto recaudaría 900.000 millones de pesos en multas durante 20 años, de los cuales entre 490.000 y 540.000 millones (55% a 60%) terminarían en manos del socio privado, mientras la Gobernación retendría apenas el 40%.
“Un particular va a aportar 7.600 millones de pesos para el funcionamiento del primer año, de los cuales 6.000 millones son para cámaras de fotomultas. Esto significa que recuperará su inversión en apenas tres meses y ganará entre 25.000 y 27.000 millones anuales durante 20 años”, afirmó Calle.
El diputado también denunció falta de transparencia en el proceso: “El gobernador, que tanto utiliza los medios (…) no le ha dicho al departamento en qué va la constitución de una sociedad de economía mixta que va a imponer multas, inmovilizar vehículos y tocar los bolsillos de los transportadores”.
Otro punto crítico señalado durante el debate fue el impacto económico para un departamento ya saturado de peajes. “Córdoba está sitiada por nueve peajes. El representante de los gremios pedía que se eliminaran, pero ahora el gobernador, además de la carga impositiva del peaje, va a sitiar a Córdoba con la carga impositiva de fotomultas”, expresó Calle.
La oposición también cuestionó la posible criminalización del transporte informal, particularmente del mototaxismo. “En Córdoba, el mototaxismo no es una decisión sino una obligación de miles de familias que les toca coger su moto para poder llevar la subsistencia a sus hogares”, argumentó.
Aunque los funcionarios de la Gobernación defendieron el proyecto alegando que la ley limita al 10% el recaudo para operadores privados de fotomultas, los críticos cuestionaron la disparidad con las cifras presentadas en el estudio previo, que muestran un porcentaje mucho mayor para el socio estratégico.
El proceso de licitación para seleccionar al socio privado se encuentra en fase de borrador y deberá completarse antes del 31 de mayo de 2025, fecha límite establecida por la Ordenanza 003 de 2024, que otorgó facultades al gobernador para constituir la sociedad de economía mixta.
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