Fiscalía imputará cargos a ocho implicados en millonario desfalco en la UNGRD

La Fiscalía General de la Nación anunció que el próximo martes 27 de mayo llevará a cabo la imputación formal de cargos contra ocho personas vinculadas al escándalo de corrupción en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), relacionado con el desvío de más de 100.000 millones de pesos.

Los procesados habrían participado en un esquema de apropiación indebida de recursos públicos a través de un convenio entre la UNGRD y la Agencia Nacional de Tierras (ANT), el cual, tras ser significativamente reducido en alcance, habría sido utilizado como fachada para facilitar maniobras ilegales.

De acuerdo con la Fiscalía, el caso constituye uno de los episodios más graves de corrupción en la historia reciente de la entidad, en el que se habrían direccionado contratos con el fin de beneficiar a particulares y desviar fondos estatales.

Entre los imputados se encuentran altos exfuncionarios públicos, contratistas, abogados y representantes legales de entidades privadas. Todos ellos enfrentarán cargos por delitos como concierto para delinquir agravado, peculado por apropiación, interés indebido en la celebración de contratos, falsedad documental y lavado de activos.

Entre los procesados destacan César Manrique Soacha, exdirector del Departamento Administrativo de la Función Pública; Édgar Riveros Rey, abogado; y Sonia Rocío Romeo Hernández, contratista de la UNGRD, quienes figuran entre los principales señalados por su presunta responsabilidad en el entramado.

También están involucrados Óscar Enrique Cárdenas Angulo, contratista; Édgar Echeverri Toro, representante legal de la Corporación Yapurutú; Francisco Javier Estupiñán Bravo, jefe de ventas de la misma entidad; Jorge Aristizábal Rodríguez, funcionario público; y Ana María Riveros Barbosa, también contratista.

Además de la imputación de cargos, la Fiscalía solicitará medidas de aseguramiento privativas de la libertad para todos los implicados, advirtiendo que su permanencia en libertad podría poner en riesgo el normal desarrollo del proceso judicial.

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