El nombre de Emilio Otero Dajud, exsecretario del Senado de la República, reapareció en el radar judicial tras ser mencionado en un escrito de acusación de la Fiscalía General de la Nación, en el marco de una investigación por presunto lavado de activos y vínculos con una red de narcotráfico liderada por Javier Rojas García, alias Maracuyá.
El caso, que involucra operaciones inmobiliarias millonarias en la ciudad de Cartagena, apunta a una transacción realizada en 2007 sobre un predio conocido como el lote Alcalis, una extensión de 107 hectáreas ubicada cerca del puerto de Mamonal. Este terreno, valorado en más de 22.000 millones de pesos, fue adquirido inicialmente en 2006 por alias Maracuyá, su hermana Ruth García y su cuñado Bernardo Pinzón Rivera, este último con antecedentes judiciales por narcotráfico.
Según la Fiscalía, al año siguiente parte del terreno fue vendido a Otero Dajud y a Alfonso “Poncho” Berrío, señalado por sus vínculos con el exjefe paramilitar Vicente Castaño. La operación se habría concretado con el pago de sobornos a funcionarios públicos, con el objetivo de facilitar la venta del predio, que en ese momento era propiedad de la empresa estatal CISA.
Sobornos y reuniones bajo sospecha
El expediente señala que en 2007 se habrían celebrado reuniones en Medellín y Cartagena, en las que Otero participó activamente. Durante esos encuentros, testigos aseguran que se acordó el pago de 2.000 millones de pesos a una funcionaria identificada únicamente como Margarita, quien habría tenido un rol clave en la autorización de la transacción.
Pese a que no enfrenta cargos formales hasta el momento, Otero fue incluido en el escrito como parte de las operaciones irregulares que investiga la justicia. En su defensa, ha asegurado haber actuado como comprador de buena fe, y niega conocer los antecedentes penales de quienes participaron en el negocio.
Trayectoria bajo la lupa
Durante más de una década, Emilio Otero fue una de las figuras con mayor poder administrativo en el Congreso. Su paso por la Secretaría General del Senado estuvo marcado por su cercanía con políticos cuestionados por parapolítica, como Bernardo “Ñoño” Elías y Zulema Jattin, lo que le otorgó amplia influencia en decisiones legislativas y manejo presupuestal.
En 2016, pese a los cuestionamientos, fue elegido como contralor de Córdoba, lo que generó críticas por sus presuntos vínculos con redes criminales.
La Corte Suprema de Justicia estudia actualmente si existen méritos para abrir una investigación formal contra Otero, quien permanece bajo observación en uno de los expedientes que podría revelar nuevas conexiones entre el poder político y el crimen organizado en la Costa Caribe.
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