El Gobierno nacional expidió el Decreto 0799 del 9 de julio de 2025, mediante el cual se elimina la exclusividad que tenían los juzgados administrativos de Bogotá para tramitar tutelas contra el Presidente de la República, sus ministros y directores de departamentos administrativos. A partir de ahora, estos casos serán repartidos conforme a los factores territoriales y funcionales definidos por la ley.
Quitan exclusividad al Consejo de Estado
La norma modifica el artículo 2.2.3.12.1.2 del Decreto 1069 de 2015, que conformaba el reglamento único del sector Justicia. Con este cambio, las acciones de tutela contra altos funcionarios del Ejecutivo podrán ser radicadas en cualquier juzgado competente del país, sin concentrarse únicamente en la capital.
El decreto fue firmado por el presidente Gustavo Petro y el ministro de Justicia, Luis Eduardo Montealegre Lynett, quienes argumentaron que esta medida busca fortalecer la autonomía, independencia e imparcialidad de la justicia. Según el documento, centralizar estas decisiones en Bogotá podía generar dudas sobre la neutralidad del sistema judicial.
Además, se citan normas y jurisprudencias clave como la Ley 270 de 1996, modificada por la Ley 2430 de 2024, y el Decreto 2591 de 1991, que advierten sobre los riesgos de asignar competencias fijas en estos casos. La Corte Constitucional también ha señalado que esta práctica carece de fundamento jurídico y puede comprometer la imparcialidad de los jueces.
Con esta decisión, el Gobierno busca garantizar que todas las acciones de tutela, incluso las dirigidas contra el Presidente, se tramiten bajo criterios legales generales, sin tratamientos especiales. El decreto ya se encuentra en vigencia desde su publicación oficial el 9 de julio.
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