Los ministerios de Agricultura y Comercio anunciaron que se alcanzó un acuerdo preliminar con la industria arrocera y Fedearroz tras un “proceso de diálogo respetuoso y constructivo” que permitirá avanzar en medidas urgentes para enfrentar la coyuntura del sector.
El acuerdo establece que el Gobierno Nacional expedirá actos administrativos para establecer un régimen de libertad regulada que fije precios mínimos de referencia tanto para el arroz paddy verde como para el arroz blanco, asegurando también “un abastecimiento y acceso estable para los consumidores”.
Como parte del compromiso, la industria garantizará la compra del arroz para su almacenamiento y conservación en las condiciones actuales de comercialización, evitando que “la materia prima se deteriore y los agricultores no pierdan el arroz cosechado”.
Una vez entren en vigor las regulaciones de precio, se pagará a los productores la diferencia entre el precio pagado inicialmente y los precios establecidos en la resolución de libertad regulada.
El acuerdo reconoce la existencia de “problemas estructurales en la cadena arrocera” y contempla la implementación paralela del Plan de Ordenamiento Productivo del Arroz, que articulará todos los eslabones de la cadena en una ruta de largo plazo.
Para concretar el acuerdo, el Gobierno implementará una salvaguardia sobre el arroz en los términos del artículo 5 de la ley 101 de 1993. La administración reiteró su compromiso con una política agropecuaria que garantice “ingresos mínimos dignos para los productores, sostenibilidad para la industria y, de manera prioritaria, la soberanía alimentaria del país”.
