A pesar de encontrarse privado de la libertad en la cárcel La Picota desde el pasado 7 de mayo, el ex presidente del Senado Iván Name continúa recibiendo su salario como congresista, que asciende a cerca de 50 millones de pesos mensuales. Su vinculación administrativa con el Congreso de la República permanece activa, lo que le ha permitido seguir percibiendo beneficios propios del cargo.
Entre estos beneficios se encuentran también los pagos regulares a su Unidad de Trabajo Legislativo (UTL), así como el uso de vehículos oficiales blindados que aún están asignados a su nombre. La situación ha generado controversia, ya que Name fue capturado por su presunta implicación en el escándalo de corrupción relacionado con la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD).
Sin embargo, la desvinculación oficial del senador no ha sido formalizada debido a que aún falta que la Corte Suprema de Justicia certifique que la medida de aseguramiento en su contra se encuentra en firme. Solo entonces la Comisión de Ética del Senado podrá adelantar el trámite administrativo que haga efectiva su suspensión del cargo.
Este caso pone en la mesa el debate sobre la necesidad de agilizar los procesos de suspensión y retiro de beneficios para funcionarios investigados o detenidos, especialmente en casos de presunta corrupción. Mientras tanto, Iván Name sigue figurando como senador activo en medio de un proceso judicial que mantiene la atención del país.
