La Justicia Especial para la Paz (JEP) rechazó la solicitud de sometimiento presentada por Armando José Lambertínez Bolaño, exalcalde de Canalete, Córdoba, al considerar que sus aportes de verdad no cumplieron con los estándares exigidos por el tribunal transicional.
La Sala de Definición de Situaciones Jurídicas concluyó que los hechos narrados por Lambertínez no superan la información ya establecida por la justicia ordinaria, que lo condenó en 2016 a 72 meses de prisión e inhabilidad para ejercer cargos públicos por el delito de concierto para delinquir agravado.
El exmandatario fue hallado responsable de promover grupos armados ilegales en la región durante la década del 2000, específicamente mediante el llamado “Pacto de Marizco”, una estructura de cooptación del poder local por parte del Bloque Elmer Cárdenas de las AUC, al mando de Fredy Rendón Herrera, alias ‘El Alemán’.
Sin aportes nuevos ni reconocimiento pleno de responsabilidad
La JEP evidenció que Lambertínez se limitó a negar cualquier relación con los paramilitares, alegando que aunque recibió solicitudes de contratos por parte de las AUC, las rechazó. Sin embargo, su versión fue considerada insuficiente y evasiva, pues no ofreció detalles relevantes sobre la apropiación de recursos públicos ni sobre el manejo de la contratación en Córdoba durante su mandato, temas clave en el contexto de la parapolítica.
Uno de los elementos que llamó la atención del tribunal fue que su exjefe político, el exsenador Julio Alberto Manzur Abdala, lo señalara directamente como alguien con nexos con las AUC. Cabe recordar que Manzur Abdala reconoció su participación en alianzas con estructuras paramilitares, lo que refuerza el contexto de infiltración de grupos ilegales en las instituciones políticas de Córdoba.
Sin verdad plena, no hay ingreso a la JEP
Con esta decisión, la JEP reafirma su compromiso con el principio de verdad plena, detallada y contrastada, que debe ser entregada por los comparecientes para obtener beneficios judiciales. La falta de colaboración efectiva con la justicia transicional bloquea el camino de Lambertínez hacia el sistema de justicia restaurativa.
La negativa de la JEP representa un nuevo revés para el exalcalde de Canalete, cuya vinculación con estructuras armadas ilegales ya había sido acreditada por la justicia penal ordinaria, y ahora también fue desestimada por el tribunal encargado de esclarecer el conflicto armado bajo los principios de verdad, justicia, reparación y no repetición.
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