La Fiscalía pidió la absolución al no lograr demostrar la responsabilidad penal de los hermanos Mendoza y una funcionaria judicial.
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El Juzgado Noveno Penal del Circuito Especializado de Bogotá absolvió a Alfredo José Mendoza Fortich, Carlos Raúl Mendoza Fortich y Erika Tatiana Rivera Barrios de los cargos de extorsión en grado de tentativa, concierto para delinquir y cohecho.
Los hermanos Mendoza fueron acusados de intentar extorsionar al exsenador Otto Nicolás Bula Bula, quien se encuentra privado de la libertad por el caso Odebrecht, exigiéndole $6.000 millones de pesos para favorecer su proceso de extinción de dominio por bienes avaluados en $60.000 millones.
Según la acusación, Alfredo José Mendoza visitó a Bula en el centro carcelario La Picota en abril de 2018 y le ofreció ayuda a través de contactos como el exvicefiscal Jorge Fernando Perdomo Torres. El plan incluía una negociación con la Fiscalía para recuperar todas sus propiedades excepto las de los Montes de María.
Rivera Barrios, quien trabajaba como asistente fiscal en la Dirección Seccional de Bogotá, fue señalada de facilitar comunicaciones al interior de la Fiscalía General para beneficiar a los hermanos Mendoza a cambio de dinero.
Sin embargo, la propia Fiscalía General de la Nación solicitó la absolución de los tres procesados al reconocer que no logró probar “más allá de toda duda razonable” la materialidad de las conductas ni la responsabilidad penal de los acusados.
“Celebramos esta gran noticia dado que conseguimos una sentencia justa y ajustada derecho y que preservara la presunción de inocencia en favor de nuestros clientes a Dios muchas gracias y felicitaciones a mis queridos amigos los hermanos Mendoza”, dijo el abogado Luis Carlos Torregroza Diazgranados, quien asumió la defensa de los hermanos Mendoza.
El testimonio clave lo dio el propio Bula, quien declaró bajo juramento que nunca sintió presión, constreñimiento o violencia por parte de los hermanos Mendoza, y que mantenía una relación de amistad con ellos. También confirmó que no tenía dinero ni intención de entregarlo.
La juez del caso destacó que las conversaciones entre las partes fueron “completamente normales” y que no se encontraron pruebas de actividades delictivas tras seis años de investigación.
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