La empresa denuncia que la Superintendencia de Salud ignora orden judicial que debe devolverle la administración de la entidad.
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El Grupo Keralty presentó una nueva petición ante la Corte Constitucional para exigir el cumplimiento del fallo que ordena la devolución del control accionario de EPS Sanitas.
La compañía, junto con Clínica Colsanitas S.A., Medisanitas S.A.S., Compañía de Medicina Prepagada Colsanitas S.A. y el directivo Juan Pablo Rueda Sánchez, radicó un escrito de siete páginas donde advierte que la Superintendencia Nacional de Salud no ha ejecutado lo dispuesto en la sentencia SU-277 de 2025.
Los accionistas aseguran que, pese a que el alto tribunal dejó sin efectos las resoluciones que avalaban la intervención y toma de posesión de la EPS, la medida aún no se ha revertido. La sentencia fue notificada el pasado 23 de julio y debía cumplirse en un plazo de 48 horas.
“Hasta ahora no se ha materializado la restitución de la EPS a sus propietarios. La Superintendencia no ha cumplido lo ordenado ni ha establecido un mecanismo claro de interlocución para iniciar la devolución”, explicó Juan David Riveros, abogado de Keralty.
Los solicitantes recuerdan que enviaron requerimientos los días 24 y 31 de julio sin obtener respuesta de la entidad de control. El fallo de la Corte Constitucional, emitido el 26 de junio, concluyó que la intervención decretada por la Superintendencia desconoció el debido proceso y desatendió órdenes previas relacionadas con la solvencia financiera de las EPS, contenidas en la sentencia T-760 de 2008.
Uno de los aspectos más preocupantes es el desconocimiento del estado actual de las finanzas de EPS Sanitas. Riveros señaló que la información no está disponible dado que los accionistas no han recuperado el control administrativo. Una vez restituida la administración, planean realizar una auditoría forense integral.
Paralelamente, continúa el arbitraje internacional iniciado por los inversionistas extranjeros en el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi), donde se evalúa la disputa generada por la intervención de la EPS.
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