En una decisión sin precedentes, la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) reconoció al exgobernador del Magdalena y líder del movimiento Fuerza Ciudadana, Carlos Caicedo, como víctima del conflicto armado colombiano. El reconocimiento se dio en el marco del Caso 08 – Subcaso Gran Magdalena, que investiga crímenes cometidos por agentes del Estado, estructuras paramilitares y terceros civiles. El Auto OPV 677 del 18 de junio de 2025 le otorga a Caicedo la calidad de interviniente especial dentro del proceso.
La Sala de Reconocimiento de Verdad concluyó que los hechos de estigmatización, hostigamiento judicial y persecución sistemática sufridos por Caicedo no fueron episodios aislados, sino parte de una estrategia estructural para excluirlo políticamente. Según la JEP, la violencia política no siempre se manifiesta en ataques armados, sino también en acciones judiciales maliciosas, campañas de difamación y ataques a la reputación, formas sutiles pero igualmente destructivas de aniquilamiento político.
El reconocimiento toma como base pruebas aportadas por la defensa de Caicedo, así como fallos judiciales anteriores, entre ellos una sentencia de Justicia y Paz de 2018 que desvirtuó acusaciones en su contra. La JEP también consideró el archivo de varios procesos por parte de la Fiscalía en 2023, al no encontrar mérito jurídico. Estos elementos evidencian un entramado que buscaba desviar la verdad del conflicto a través del uso de testigos falsos y el abuso de mecanismos judiciales.
Durante su carrera, especialmente como rector de la Universidad del Magdalena (1997–2006), Caicedo enfrentó una campaña de desprestigio alimentada por intereses políticos vinculados al paramilitarismo local. A lo largo de más de dos décadas, fue víctima de privaciones injustas de la libertad, montajes judiciales y una intensa estigmatización mediática, hechos que, según la JEP, lo convierten en una víctima directa del conflicto y de un sistema de persecución institucionalizada.
Con esta decisión, Carlos Caicedo podrá participar como víctima interviniente en todas las Salas de la JEP, lo que le otorga facultades para incidir en los procesos de verdad, justicia y reparación. El fallo sienta un precedente histórico al reconocer que delitos como la calumnia o la injuria, cuando forman parte de una estrategia sistemática de persecución, pueden constituir macrocriminalidad. La JEP advierte así que ninguna forma de persecución política debe quedar impune y que la democracia solo se fortalece garantizando la participación y la protección de todas las voces, especialmente aquellas que se enfrentan a los poderes tradicionales.
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