Magnicidio de Miguel Uribe Turbay revive los fantasmas de la violencia política en Colombia

El asesinato del senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay, confirmado este 11 de agosto tras más de dos meses de lucha por su vida en la Fundación Santa Fe, marca un hito doloroso en la historia reciente de Colombia. El crimen revive los peores capítulos de la violencia política en el país y plantea profundas implicaciones políticas, históricas y sociales.

Uribe Turbay, dirigente del partido Centro Democrático, fue víctima de un atentado armado el pasado 7 de junio en el barrio Modelia de Bogotá, en plena campaña electoral. Su muerte no solo representa un golpe al liderazgo joven y a la oposición, sino también el mayor atentado contra las garantías democráticas en más de tres décadas.

Tras la muerte de Miguel Uribe, vuelve el fantasma del magnicidio

Desde 1990, cuando fueron asesinados los candidatos presidenciales Bernardo Jaramillo Ossa, Carlos Pizarro Leongómez y Luis Carlos Galán, Colombia no enfrentaba un ataque mortal contra un aspirante a la Presidencia de la República. El crimen de Miguel Uribe ocurre en un contexto marcado por la agudización de la polarización política y el deterioro de la seguridad en regiones donde los grupos armados han ganado fuerza, a pesar de la política de “paz total” promovida por el actual Gobierno.

El atentado generó un eco emocional inmediato. “El atentado contra Miguel Uribe nos pone frente al cruel dilema de volver sobre una historia de la que queremos escapar”, afirmó Mauricio Velásquez, profesor de la Escuela de Gobierno de la Universidad de los Andes. Y agregó: “Desde una perspectiva histórica, este momento se siente como revivir un trauma. Muchas personas creímos que la página de la violencia política extrema estaba atrás. Esto nos devuelve a los demonios no resueltos y a la evasiva promesa de la paz.”

El sociólogo Luis Barragán coincide: “Este hecho genera un efecto desmoralizador en la ciudadanía. La violencia termina afectando múltiples ámbitos como la confianza en las instituciones, la participación política y el diálogo democrático.”

El Estado bajo la lupa

Uno de los cuestionamientos centrales apunta al papel del Estado en la protección del senador. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) solicitó explicaciones al Gobierno colombiano sobre las condiciones de seguridad de Uribe Turbay en el momento del atentado. Según expertos, se busca establecer si hubo omisión estatal o deficiencias graves en su esquema de protección.

“El atentado evidencia una persistente debilidad institucional para garantizar la seguridad de los candidatos”, señala Velásquez. “Estamos ante un hecho inédito: la izquierda, que históricamente ha sido víctima de la violencia política, ahora debe ser quien ofrece garantías para la oposición.”

Para el profesor Enrique Serrano, de la Universidad del Rosario, este magnicidio “transforma de forma dramática las campañas políticas que se adelantaron para esta segunda mitad del año 2025 y comienzos del 2026”, y advierte que el crimen afecta directamente “la legitimidad y gobernabilidad del gobierno Petro en su último año”.

Una pérdida para el relevo generacional

Con 39 años, Miguel Uribe Turbay era uno de los presidenciables más jóvenes del país. Su carrera política comenzó a los 25 años en el Concejo de Bogotá y rápidamente ascendió a posiciones clave. Su figura representaba una renovación dentro de la derecha colombiana.

“Miguel Uribe representaba una renovación de la derecha, en la que se podía ser de esta corriente, pero sin esgrimir un discurso violento”, dijo Carlos Andrés Arias, experto en comunicación política.

Velásquez añadió: “Millones de jóvenes crecieron en una Colombia con menos barbarie. Exigen no heredar los fantasmas del pasado. El atentado amenaza ese frágil presente y recuerda la responsabilidad colectiva de proteger los avances: la normalidad no puede ser negociable. Hoy los jóvenes tienen la palabra.”

Un llamado urgente a despolarizar

A pesar de algunos gestos simbólicos de conciliación tras el atentado, el ambiente político en Colombia sigue marcado por la confrontación. Analistas como Yann Basset advierten que se necesita más que discursos para evitar que la violencia se traduzca en abstención y miedo.

“Ha habido una especie de acuerdo verbal, sin mayor consecuencia. Es urgente que ese gesto se transforme en un compromiso real para que las próximas elecciones transcurran sin miedo”, dijo Basset.

Carlos Andrés Arias coincide: “Que los políticos se abstengan de caer en esa seducción que genera para las audiencias el lenguaje violento sería más apropiado para un momento de tanta conflictividad como el que estamos viviendo.”

El asesinato de Miguel Uribe Turbay no solo reabre una herida nacional que se creía superada. También pone en jaque la estabilidad del proceso democrático. En una Colombia donde la violencia política parecía cosa del pasado, el crimen del joven senador devuelve el temor al centro de la vida pública.

Si el sistema institucional no responde con firmeza, garantías y voluntad política para proteger a todos los actores del debate democrático, el país corre el riesgo de retroceder décadas. No sería solo una crisis electoral, sino una dolorosa renuncia a la esperanza.

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