Una nueva crisis humanitaria golpea la zona rural de Buenaventura, en el departamento del Valle del Cauca, donde más de 300 familias permanecen confinadas en el corregimiento de Bajo Calima, atrapadas entre los intensos enfrentamientos entre la disidencia ‘Jaime Martínez’ y el Ejército de Liberación Nacional (ELN), que se disputan el control territorial de esta …
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Más de 300 familias atrapadas en Buenaventura por enfrentamientos armados

Una nueva crisis humanitaria golpea la zona rural de Buenaventura, en el departamento del Valle del Cauca, donde más de 300 familias permanecen confinadas en el corregimiento de Bajo Calima, atrapadas entre los intensos enfrentamientos entre la disidencia ‘Jaime Martínez’ y el Ejército de Liberación Nacional (ELN), que se disputan el control territorial de esta estratégica región del Pacífico colombiano.
Los habitantes viven en permanente zozobra, obligados a encerrarse en sus casas cada vez que estallan los combates. La tensión ha alcanzado niveles alarmantes: las clases en las escuelas y colegios han sido suspendidas para proteger a los niños y al personal educativo. “En muchas instituciones, los rectores y comunidades indígenas han tomado la difícil decisión de cesar actividades para salvaguardar la vida de los menores”, explicó Carlos Jefferson Potes, personero de Buenaventura.
La violencia desatada entre estos grupos armados ilegales no solo ha obligado al confinamiento de cientos de personas, sino que también ha generado un nuevo desplazamiento interno. Familias enteras de las veredas San Isidro y La Esperanza han abandonado sus viviendas para refugiarse en el sector conocido como La Colonia. Algunas otras han optado por huir hacia el casco urbano de Buenaventura e incluso a la ciudad de Cali, en busca de seguridad y estabilidad.
Organizaciones defensoras de derechos humanos han elevado su voz de alerta, exigiendo atención urgente del Estado y el respeto a la vida e integridad de las comunidades del Bajo Calima. Advierten que esta población ya había sufrido desplazamiento forzado años atrás y apenas hace poco más de un año había logrado regresar a su territorio. Sin embargo, las condiciones de inseguridad persisten y su retorno aún no puede considerarse seguro ni digno.
La situación refleja la complejidad del conflicto armado en el Pacífico colombiano, donde las disputas por rutas del narcotráfico, control social y económico continúan cobrando víctimas civiles. Mientras tanto, cientos de familias esperan una respuesta efectiva que les permita vivir sin miedo y reconstruir su proyecto de vida.
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