Álvaro Mauricio Rodríguez Amaya fue posesionado este jueves como nuevo director del Departamento Administrativo para la Prosperidad Social. Su llegada marca una nueva etapa en la estrategia del Gobierno nacional para fortalecer la política social con un enfoque en asociatividad, inclusión económica y desarrollo comunitario.
Rodríguez Amaya es abogado con especialización en derecho público de la Universidad Autónoma de Colombia, actualmente cursa una maestría en sociología en la Universidad Nacional, y cuenta con más de 20 años de experiencia liderando procesos sociales y solidarios en todo el país. Además, se ha destacado como investigador y educador popular.
Durante su posesión, el nuevo director destacó el mandato presidencial de transformar la política social desde un enfoque asistencialista hacia un modelo que promueva el desarrollo autónomo y colectivo:
“Como lo ha pedido el presidente Gustavo Petro, Prosperidad Social debe orientarse hacia un sistema de política social que promueva la asociatividad y el desarrollo”, afirmó.
Rodríguez asume retos clave, como la consolidación del Pilar Solidario de la reforma pensional, que busca garantizar un ingreso digno a más de tres millones de adultos mayores sin pensión. También liderará la ejecución de programas para fortalecer la economía popular, ampliar la inclusión financiera y armonizar el Sistema de Transferencias, conforme al Plan Nacional de Desarrollo Colombia, Potencia Mundial de la Vida.
Siguiendo las directrices del Gobierno, Prosperidad Social ha reducido la carga de transferencias directas y está destinando mayores recursos a programas de inclusión productiva, ofreciendo asistencia técnica, entrega de insumos productivos y acceso a créditos asociativos para fortalecer negocios de economía solidaria, social y comunitaria.
Rodríguez viene de dirigir la Unidad Administrativa Especial de Organizaciones Solidarias, donde impulsó el fortalecimiento de cooperativas, fondos de empleados, asociaciones mutuales, fundaciones, juntas de acción comunal y otras expresiones del sector solidario.
Con esta designación, el Gobierno nacional busca consolidar una política social más integral, que reconozca las capacidades productivas de las comunidades y fomente su autonomía económica en el marco de la justicia social.
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