Después de 20 años desde que inició la concesión del corredor vial entre Córdoba y Sucre a cargo de Autopistas de la Sabana. Lo que en su momento se presentó como un “peajito social” terminó convirtiéndose en una carga económica que frena el desarrollo regional. Con la finalización de la concesión, muchos ciudadanos esperaban el fin de este costo injustificado, pero no fue así: ahora el peaje pasa a manos de la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI), y con ello, la incertidumbre se multiplica.
El cambio de operador no significa una mejor gestión y más inversión. La ANI, que ya administra otros peajes en el departamento, ha mostrado una escasa capacidad de reinversión en las vías nacionales de Córdoba. Esto genera profundas dudas sobre el destino de los recursos que se seguirán recaudando. ¿Qué garantías hay de que este dinero se traduzca en desarrollo vial y competitividad para la región?
Aunque se aplicaron ligeras reducciones tarifarias y se estableció una tarifa diferencial para transportadores, una solicitud histórica de un sector vital y golpeado, el fondo del problema persiste: este peaje continúa siendo una barrera para la conectividad, el comercio, el turismo y el acceso a oportunidades. Hoy tiene que ser “rentable”, por lo menos suficiente para el mantenimiento vial y allí uno de los problemas de las tarifas.
El gobernador departamental ha sido, hasta ahora, el único mandatario que ha pedido públicamente la eliminación del peaje o que su operación sea transferida a la administración departamental. Sin embargo, esta solicitud parece no tener eco en el Gobierno Nacional, más por razones ideológicas que técnicas. Y mientras tanto, Córdoba sigue perdiendo competitividad frente a otras regiones.
Este peaje se ubica, irónicamente, en el corazón del corredor agroindustrial, ecoturístico y de expansión urbana más importante del departamento: Montería, Cereté y Ciénaga de Oro. En lugar de impulsar este eje estratégico, lo encarece y lo limita. Estudios de prospectiva como El Diamante Caribe y los Santanderes de Findeter, entre otros, ya advertían que para que Córdoba se convierta en un nodo de integración logística y comercial, es fundamental liberar las vías de estos cuellos de botella.
¿Cómo puede hablarse seriamente de internacionalizar el aeropuerto Los Garzones o de consolidar un área metropolitana funcional, si existe un peaje entre municipios que deberían estar plenamente integrados? Esta es una contradicción que no resiste análisis técnico ni visión de futuro.
Es momento de actuar con visión regional y propósito común. Córdoba tiene el potencial de ser una potencia en agroindustria, turismo y servicios; pero si no desmontamos las barreras estructurales al desarrollo como este peaje y otros peajes en el, seguiremos atrapados en un ciclo de frustración e inercia. Lo demuestran los indicadores: estamos entre los últimos del país en competitividad, innovación, educación y desarrollo tecnológico. Cruciales para la reducción de la pobreza y generación de valor social y económico.
La ciudadanía ya empieza a movilizarse. Hay voces que claman por una protesta indefinida hasta que se elimine este obstáculo al progreso. Sería lamentable que, de nuevo, la solución llegue empaquetada como una victoria oportunista de los políticos de siempre. Este es el momento de actuar, no de administrar el problema.
Quitar el peaje los garzones, no es solo un acto de justicia económica: es una decisión estratégica para liberar el camino del desarrollo en Córdoba. Y si queremos hablar en serio de futuro, debemos comenzar por derribar las barreras que lo impiden.
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