Empresas intermediarias del sector gasífero están siendo señaladas por desviar gas destinado al consumo domiciliario para venderlo con fines de generación eléctrica, una práctica que, según el gobierno nacional, está expresamente prohibida. La denuncia ha generado alarma en un momento crítico para el sistema energético del país.
Petro y las sanciones
El presidente Gustavo Petro, advirtió que estas acciones serán sancionadas con un régimen progresivo que va desde multas hasta la intervención directa de las empresas involucradas. “Se está especulando con un recurso esencial. Si persisten, las compañías serán intervenidas”, aseguró el mandatario en una reciente declaración.
Este panorama se suma a un estudio de Fedesarrollo que proyecta un aumento tarifario de hasta el 45,8% en las principales ciudades del país para 2026, si la oferta nacional de gas debe ser complementada con importaciones. Ciudades como Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla y Bucaramanga serían las más afectadas.
Al mismo tiempo, la propuesta del gobierno de establecer una tarifa nacional para el transporte de gas ha sido rechazada por el sector empresarial del Caribe, que advierte sobre el posible impacto económico en la región y su competitividad.
La Asociación Nacional de Empresas de Servicios Públicos y Comunicaciones (Andesco) también ha expresado críticas frente a la política energética del gobierno Petro, particularmente en lo relacionado con la importación de gas, alertando sobre la necesidad de mayor claridad y planificación en el manejo del sistema energético.
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