El presidente de Colombia, Gustavo Petro, anunció ayer martes 3 de junio, que convocará una consulta popular mediante decreto presidencial con el objetivo de reactivar su propuesta de reforma laboral, previamente rechazada por el Congreso. La decisión, según indicó durante una alocución oficial, ya está tomada, y el gobierno busca legitimar sus reformas directamente ante la ciudadanía. El mandatario remarcó que será la Corte Constitucional la encargada de revisar la legalidad del decreto.
La iniciativa contempla someter a votación ciudadana al menos doce preguntas relacionadas con los puntos centrales de la reforma laboral. Aunque aún no se ha definido la fecha de la consulta ni el contenido exacto del cuestionario, el Ejecutivo considera este mecanismo como una vía para superar el bloqueo legislativo que ha enfrentado su agenda de reformas sociales. Petro justificó su decisión afirmando que el pueblo debe tener la última palabra frente a transformaciones estructurales.
El anuncio generó reacciones inmediatas en distintos sectores políticos y jurídicos, abriendo un nuevo capítulo en el debate sobre los límites del poder presidencial y los mecanismos de participación ciudadana. Mientras algunos ven en la consulta una oportunidad para fortalecer la democracia directa, otros advierten sobre posibles tensiones institucionales. El desarrollo del proceso y su eventual impacto en la política nacional siguen siendo inciertos.
