El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, presentó oficialmente una iniciativa de reforma parcial a la Constitución con el objetivo de permitir la aplicación de castración química a personas condenadas por el delito de violación. La propuesta, enviada al órgano competente, deberá ser primero evaluada por la Corte Constitucional, que decidirá si es admisible. De recibir un dictamen favorable, el proyecto pasará a debate en la Asamblea Nacional.
Según el documento presentado por el Ejecutivo, Ecuador enfrenta una grave crisis de seguridad y derechos humanos, en la que la violencia sexual, especialmente contra niños, niñas y adolescentes, ha alcanzado niveles alarmantes. Como respaldo a la propuesta, se citan cifras del Consejo de la Judicatura, que indican que entre agosto de 2014 y mayo de 2025 se registraron más de 71.000 procesos judiciales por delitos sexuales en el país, de los cuales más de una quinta parte tuvo como víctimas a menores de edad.
Aunque la propuesta no restringe la medida únicamente a agresores sexuales de menores, establece que podría aplicarse a cualquier persona con una condena definitiva por violación. Además, se plantea la creación de un registro confidencial de los sentenciados por estos crímenes, con el fin de impedir que puedan desempeñarse en funciones que impliquen contacto con menores.
El Ejecutivo justifica la propuesta señalando que la castración química ha sido implementada en otros países como una medida para reducir la reincidencia de agresores sexuales. Se mencionan ejemplos como Polonia, Rusia, Corea del Sur, Indonesia, Moldavia y Estonia, así como algunos estados de Estados Unidos como Texas, Wisconsin, Georgia y Louisiana.
La iniciativa ha abierto un debate en el país sobre los límites de las sanciones penales y la protección de los derechos humanos frente a la necesidad urgente de frenar los delitos sexuales.
