La Procuraduría General de la Nación abrió una investigación disciplinaria contra los excancilleres Luis Gilberto Murillo y Laura Sarabia, así como contra el actual jefe de despacho del presidente, Alfredo Saade, por presuntas irregularidades en el proceso de elaboración y distribución de pasaportes en Colombia.
El caso se enmarca en la crisis que atraviesa el sistema de expedición de pasaportes en el país, caracterizada por el colapso en el agendamiento de citas, extensas filas en sedes de la Cancillería y un modelo de transición que no ha logrado implementarse con eficacia.
Según el Ministerio Público, los funcionarios señalados habrían incurrido en fallas graves que comprometieron la planeación y ejecución del nuevo modelo de impresión de pasaportes. A Murillo y Sarabia se les reprocha no haber estructurado de forma adecuada el proceso durante sus respectivas gestiones como ministros de Relaciones Exteriores.
En el caso de Murillo, la Procuraduría señala que habría hecho un uso indebido de la figura de urgencia manifiesta en septiembre de 2024. Por su parte, Sarabia, quien asumió como canciller luego de Murillo, habría sido advertida en abril de 2025 sobre la inviabilidad del cronograma de transición hacia el modelo gestionado por la Casa de la Moneda de Portugal y ejecutado por la Imprenta Nacional. A pesar de conocer los riesgos y la falta de capacidad operativa, no habría tomado las medidas necesarias para reestructurar o abrir un nuevo proceso de contratación.
La situación se agrava con la actuación del jefe de despacho presidencial, Alfredo Saade, quien habría incurrido en extralimitación de funciones. De acuerdo con la Procuraduría, Saade no solo impartió órdenes a funcionarios de la Cancillería sin tener autoridad sobre ellos, sino que también convocó reuniones y dio instrucciones sobre la contratación del servicio de pasaportes.
Además, se le atribuyen señalamientos contra funcionarios del Ministerio de Relaciones Exteriores, a quienes habría acusado de tener intereses particulares para favorecer a la empresa Thomas Greg & Sons, firma encargada históricamente de la producción de pasaportes y que estuvo en el centro del debate tras la decisión de Sarabia de extender su contrato mientras se implementaba el nuevo modelo.
La controversia por los pasaportes ha sido uno de los escándalos más visibles en las últimas semanas. Las contradicciones entre funcionarios, la falta de claridad en la transición hacia el nuevo proveedor y el impacto directo sobre miles de ciudadanos que no han podido obtener sus documentos de viaje han intensificado la presión sobre el gobierno nacional.
Con esta investigación, la Procuraduría busca establecer si hubo negligencia, abuso de poder o mala gestión por parte de los funcionarios involucrados en una decisión que afecta a millones de colombianos.
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