Procuraduría dio visto bueno a estado de conmoción interior en el Catatumbo y lo pasa a la Corte constitucional

Algunos congresistas y gremios como la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia (ANDI) han solicitado a la Corte Constitucional que rechace el decreto

La Procuraduría General de la Nación solicitó a la Corte Constitucional declarar exequible el estado de conmoción interior decretado por el presidente Gustavo Petro en la región del Catatumbo, tras la grave crisis humanitaria y de seguridad que afecta a esta zona del país desde hace más de dos meses. El concepto, firmado por el procurador general Gregorio Eljach, argumenta que la medida se ajusta a los parámetros establecidos en la Constitución Política y responde a la urgente necesidad de proteger a la población civil y restablecer el orden público.

En un documento de 32 páginas, la Procuraduría destaca que la escalada de violencia ejercida por grupos organizados al margen de la ley ha generado violaciones a los Derechos Humanos y transgresiones al Derecho Internacional Humanitario, lo que justifica la implementación del estado de excepción. Según el organismo, las medidas tomadas bajo esta figura superan un “test” leve de proporcionalidad, ya que buscan contrarrestar la crítica situación de orden público que amenaza la estabilidad institucional y la seguridad del Estado.

“Declarar la exequibilidad del decreto legislativo 062 de 2025, por el cual se decreta el estado de conmoción interior en la región del Catatumbo, los municipios del área metropolitana de Cúcuta y los municipios de Río de Oro y González del departamento del Cesar”, se lee en el concepto enviado al despacho de la vicepresidenta de la Corte Constitucional, Paola Andrea Meneses, quien tiene a cargo el análisis de la legalidad del decreto presidencial.

Sin embargo, la medida no ha estado exenta de polémica. Algunos congresistas y gremios como la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia (ANDI) han solicitado a la Corte Constitucional que rechace el decreto, argumentando que no se ha demostrado de manera clara la insuficiencia de las herramientas ordinarias de las autoridades de policía para controlar la situación en la región.

  


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