La Procuraduría General de la Nación le dio un plazo de tres días al ministro de Defensa, Pedro Sánchez, para que entregue un informe detallado sobre las estrategias y medidas adoptadas frente a la reciente oleada de violencia que ha cobrado la vida de varios miembros de la Fuerza Pública en distintas regiones del país. La solicitud surge tras la brutal arremetida de las disidencias de las Farc, específicamente del grupo armado residual “Jorge Suárez Briceño”, liderado por alias Calarcá.
Ultimátum a Mindefensa
En un documento de tres páginas, el ente de control exigió respuestas claras sobre la gestión del Ministerio de Defensa, particularmente tras la expedición del decreto 0448 del 17 de abril de 2025, que ordenó la suspensión de operaciones militares ofensivas y especiales de Policía contra dicha estructura armada. Esta medida ha sido fuertemente cuestionada luego de que, desde su firma, se registraran 20 asesinatos: 11 policías y 9 militares.
El caso más reciente y grave ocurrió el pasado 26 de abril en Guaviare, donde siete soldados del Ejército Nacional fueron asesinados en una emboscada. Otros hechos violentos se han reportado en Bolívar, Antioquia, Norte de Santander, Cauca y Cartagena, evidenciando una preocupante expansión de la ofensiva armada contra los uniformados.
La Procuraduría advirtió que, de confirmarse estos hechos, podría configurarse un posible incumplimiento de los compromisos asumidos en los protocolos de cese al fuego. Además, recordó que la Fuerza Pública tiene el deber constitucional de proteger la vida y la integridad del territorio, más allá de los lineamientos establecidos por el Gobierno Nacional.
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