La Procuraduría General de la Nación solicitó al Tribunal Superior de Bogotá revocar la sentencia de primera instancia que condenó al expresidente Álvaro Uribe Vélez a 12 años de prisión domiciliaria por fraude procesal y soborno en actuación penal. En la apelación, el procurador Bladimir Cuadro Crespo advirtió serios vacíos en la valoración y evaluación de pruebas durante el juicio.
El recurso de apelación interpuesto por la Procuraduría señala errores fundamentales en la apreciación de las pruebas que llevaron a una “indebida aplicación de la figura de la determinación” según el artículo 30 del Código Penal.
La Procuraduría identificó problemas específicos relacionados con la tipicidad según los artículos 10, 444A y 453 del Código Penal, así como la falta de aplicación del artículo 7 de la Ley 906 de 2004. Estos elementos constituyen el núcleo de la argumentación para solicitar la revocatoria del fallo emitido por el Juzgado 44 Penal del Circuito con función de Conocimiento de Bogotá.
El documento oficial critica que “la sentencia de primera instancia no se ocupó de examinar detalladamente este aspecto medular para cada uno de los episodios examinados”, refiriéndose a la determinación del grado de conocimiento exigible para atribuir responsabilidad como determinador en los eventos investigados.
La apelación busca que la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá revoque completamente la decisión de primera instancia “en los aspectos que fueron objeto de disenso”. El caso ahora queda en manos de los magistrados de segunda instancia, quienes deberán evaluar los argumentos de la Procuraduría sobre las presuntas fallas probatorias.
