El Gobierno del presidente Gustavo Petro prepara la radicación de un polémico proyecto de ley que propone un tratamiento penal especial para miembros de organizaciones criminales como el Clan del Golfo. Bajo el marco de la política de “Paz Total”, el borrador (elaborado por el ministro de Justicia, Eduardo Montealegre) contempla penas alternativas de cinco a ocho años, cumplimiento de condenas en espacios no carcelarios y entrega de armas, bienes y verdad a las víctimas. Esta propuesta, que adopta un enfoque de justicia restaurativa, ha generado preocupación en sectores judiciales y políticos por un posible riesgo de impunidad.
Durante la instalación del nuevo periodo legislativo, el presidente Petro defendió con firmeza la iniciativa, argumentando que busca priorizar la verdad sobre el castigo como vía para resolver el conflicto y desmantelar redes criminales. “Qué temor de que en Colombia haya justicia restaurativa”, afirmó, señalando que ya había abordado el tema con la Corte Suprema en el pasado. El mandatario sostuvo que el proyecto no busca indulgencia, sino un modelo más eficaz de justicia transicional basado en verdad, reparación y reintegración, similar a los aplicados en procesos de paz anteriores.
En contraste, el senador Efraín Cepeda, saliente presidente del Senado, advirtió sobre los riesgos jurídicos y éticos que, a su juicio, plantea el proyecto. “Confundir paz con impunidad no solo es un error: es una amenaza directa al Estado de Derecho”, expresó. Cepeda criticó los beneficios judiciales propuestos y sostuvo que sin garantías efectivas de no repetición ni participación activa de las víctimas, se corre el riesgo de legitimar acuerdos vacíos. “La impunidad estimula al delincuente y debilita la confianza en la justicia”, concluyó.
