La repentina renuncia del inspector de Policía Rural Zona 1, Hermes Antonio Luna Villalba, ha desatado una tormenta política y social en Montería, justo en la víspera de una audiencia pública clave sobre la situación jurídica y humanitaria de la comunidad de Villa Petro, una urbanización de autoconstrucción suspendida por las autoridades.
Mediante una carta enviada al alcalde Hugo Kerguelén García y fechada el 3 de julio, Luna Villalba anunció su retiro irrevocable del cargo, aduciendo “motivos personales y familiares”. Sin embargo, la coincidencia con la audiencia programada para este jueves 4 ha generado sospechas en líderes comunitarios y organizaciones de derechos humanos, quienes temen que detrás de su renuncia haya presiones políticas.
¿Una salida estratégica?
De acuerdo con fuentes políticas locales, el ahora exinspector habría llegado al cargo respaldado por el actual diputado del Nuevo Liberalismo, Gustavo Negrete. Tras la ruptura entre este movimiento y el gobierno municipal, se rumora que Luna Villalba habría reafirmado su lealtad a la campaña del exconcejal Edgardo Espitia al Senado, lo que habría tensado su permanencia en la administración.
Algunos sectores sugieren que una posible negativa del funcionario frente a decisiones administrativas sobre Villa Petro pudo haber precipitado su salida, pues se le señalaba como pieza clave en el desarrollo de la audiencia que reuniría a más de 1.500 personas afectadas por la suspensión del proyecto urbanístico.
El meollo: Villa Petro
En Villa Petro viven centenares de familias vulnerables, muchas desplazadas por la violencia o en condición de pobreza extrema. La urbanización, en su mayoría de casas autoconstruidas, fue objeto de medidas de suspensión por parte de las autoridades, lo que ha intensificado el clamor ciudadano por soluciones dignas y justas.
La audiencia suspendida pretendía establecer rutas jurídicas claras para definir el futuro del asentamiento. Ahora, la renuncia del inspector no solo detiene el proceso, sino que también deja en vilo a comunidades que reclaman protección constitucional por su condición social.
Silencio institucional y exigencia de claridad
Hasta el momento, ni la Alcaldía de Montería ni la Secretaría de Gobierno han ofrecido una versión oficial sobre la renuncia ni han indicado si la audiencia será reprogramada. La falta de pronunciamiento ha alimentado más preguntas que respuestas entre los habitantes de Villa Petro y organizaciones sociales.
Desde diferentes sectores comunitarios se exige una respuesta institucional inmediata, garantías para el debido proceso y que se reanude el diálogo con la participación directa de los afectados. También se demanda que se investigue si hubo presiones políticas o interferencia indebida en las funciones del inspector.
“No se puede seguir postergando la justicia para los más vulnerables”, dijo una líder comunitaria de Villa Petro, quien pidió reserva de su nombre por seguridad.
La controversia crece y la expectativa también. Lo cierto es que, mientras no haya claridad, más de 1.500 familias seguirán en la incertidumbre, esperando respuestas que aún no llegan.
¿Le resultó útil este artículo?
[sibwp_form id=1]
