El exjefe paramilitar Salvatore Mancuso, quien fue liberado en 2024 tras cumplir una condena de aproximadamente veinte años en Estados Unidos por delitos relacionados con narcotráfico y vínculos con grupos armados ilegales, no podrá establecer su domicilio en Montería. Así lo determinó la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá, luego de que la Corte Suprema de Justicia resolviera un conflicto de competencias entre los tribunales de Justicia y Paz de Bogotá y Barranquilla.
Mancuso, quien regresó al país como parte de la política de “paz total” impulsada por el gobierno del presidente Gustavo Petro, fue designado gestor de paz y recibió libertad temporal por un periodo de cuatro años, condicionado a su colaboración con la justicia. Sin embargo, un año después de obtener su libertad intramural, presentó su renuncia al cargo y solicitó formalmente un cambio de domicilio hacia la capital cordobesa.
La petición fue rechazada por las autoridades judiciales bajo el argumento de que la Sala de Justicia y Paz del Tribunal de Barranquilla, que lleva los procesos contra Mancuso por crímenes cometidos por las Autodefensas Unidas de Colombia en la región Caribe, posee un conocimiento más profundo de su caso y sus antecedentes. Según la decisión, el traslado habría entorpecido el seguimiento judicial que actualmente se le adelanta.
El excomandante de las AUC tiene en su historial 57 medidas de aseguramiento, y aún enfrenta múltiples procesos judiciales relacionados con su rol en la estructura paramilitar que operó en diversas regiones del país. Además, le fue impuesta una restricción estricta de movilidad: tiene prohibido transitar por los departamentos de Córdoba, Sucre, Bolívar, Atlántico, César, Magdalena, La Guajira y Norte de Santander, así como por varios municipios del Urabá antioqueño, como Apartadó, Arboletes, Necoclí, Ituango y San Pedro de Urabá.
La decisión reafirma las limitaciones legales que enfrenta Mancuso, pese a su condición de colaborador en los procesos de justicia transicional. Aunque fue incluido en los diálogos de paz del gobierno nacional, su papel como actor político continúa siendo objeto de debate, especialmente entre las víctimas del conflicto que aún esperan verdad y reparación.
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