El secuestro del niño Lyan José Hortúa Bonilla, ocurrido el pasado 3 de mayo en zona rural de Jamundí, no fue un hecho aislado ni común. Detrás del rapto se esconde una violenta disputa entre estructuras del narcotráfico en el suroccidente del país.
Fuentes oficiales y organismos de derechos humanos confirmaron a Semana que la orden de secuestrar fue emitida por Diego Rastrojo, temido narcotraficante actualmente detenido, como medida de presión para saldar una presunta deuda superior a los 37.000 millones de pesos.
El objetivo original eran Angie Bonilla, madre del menor, o su padrastro, Jorsuar Suárez. Sin embargo, al no encontrarlos, los criminales —miembros de la disidencia Jaime Martínez— optaron por llevarse al niño de 11 años. Posteriormente, el grupo reconoció que se trató de un error de ejecución.
Una historia marcada por venganzas y viejos pactos
De acuerdo con fuentes cercanas al caso, Angie Bonilla habría sido testaferra de Rastrojo y de su expareja, José Leonardo Hortúa, alias Mascota, padre de Lyan. Mascota, asesinado en 2013, era conocido por su crueldad bajo el alias de el Mochacabezas y era considerado uno de los hombres de confianza de Rastrojo.
Tras la muerte de Mascota y la posterior captura de Rastrojo, sus bienes desaparecieron misteriosamente. Este supuesto desfalco habría detonado la orden de secuestro, como parte de una vendetta mafiosa para recuperar lo perdido.
Durante el cautiverio, el menor fue mantenido bajo estricta vigilancia. Según contó su padrastro, estuvo amarrado los primeros cuatro días, aunque posteriormente pudo comunicarse por videollamada con su familia y recibir medicamentos. Suárez, quien negó tener vínculos ilegales, afirmó tener una empresa de joyería legal desde hace más de una década.
El caso generó una alerta máxima entre las organizaciones ilegales del Valle. Capos como alias Alacrán, Guacamayo y Pipe Tuluá, incluso desde prisión, habrían intentado mediar para garantizar la seguridad del menor. “Si al niño le pasa algo, se nos cae la ciudad”, aseguró a Semana un alto oficial en Cali.
Por la delicadeza del conflicto entre bandas, las autoridades evitaron operativos de rescate. Incluso organismos de derechos humanos enfrentaron restricciones ante la complejidad del caso.
La historia de Lyan Hortúa, liberado 19 días después de su secuestro, refleja cómo las dinámicas del crimen organizado continúan operando con poder, influencia e impunidad en regiones como el Valle del Cauca. Un error en una operación criminal terminó por exponer la fragilidad institucional frente al poder del narcotráfico.
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