Este martes, a la reforma laboral le quedaba poco tiempo para superar su cuarto y último debate en la plenaria del Senado. El reloj corría en su contra, pues tiene plazo hasta el 20 de junio no solo para ser votada, sino también para ser conciliada con el texto avalado por la Cámara de Representantes.
Lo positivo es que, al iniciar este martes, solo quedaban 12 artículos de la ponencia mayoritaria por debatir, lo que aumentó las probabilidades de que la reforma fuera discutida en su totalidad.
El balance con el que se empezó era el siguiente: de los 77 artículos que tiene la ponencia 62 se han aprobado y 3 han sido eliminados.
Entre los artículos que ya se habían aprobado se incluye el establecimiento del contrato laboral a término indefinido como regla general, medidas contra la discriminación, y la formalización de repartidores de plataformas como Rappi y DiDi, así como de trabajadroes del PAE, deportistas y artistas. También se avalaron incentivos para la generación de empleo dirigido a mujeres y jóvenes, y jornadas laborales flexibles para cuidadores del hogar y de personas con discapacidad.
Se habían eliminado los artículos que proponían la prima por crecimiento económico (se buscaba que los trabajadores recibieran hasta un 40 % de un salario mínimo cuando sus empresas crecieran por lo menos un 4 % en el último año, no prosperó esta iniciativa por considerarse que no tenía un aval fiscal, ya que estaba condicionada a alivios tributarios); las garantías del derecho de asociación sindical y el procedimiento judicial sumario de protección de los derechos sindicales; estos dos últimos al tener un vicio de constitucionalidad el primero y el segundo por estar ya reglamentado.
En lo que faltaba por aprobarse estaban los puntos que más han generado tensiones en la discusión: la jornada nocturna (que podría iniciar desde las siete de la noche y extenderse hasta las seis de la mañana); la jornada máxima legal; los recargos por trabajar en días de descanso; el tipo de contratación y monetización que tendrán los aprendices del SENA; y la vinculación al ICBF de las madres comunitarias.
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