A diferencia de S&P, Moody’s mejoró la perspectiva de su calificación de negativa a estable.
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Standard & Poor’s Global Ratings recortó este 26 de junio la calificación de la deuda colombiana en moneda extranjera de BB+ a BB, manteniendo la perspectiva negativa. Esta decisión sitúa al país en la segunda categoría más baja de la escala de la agencia, apenas un nivel por encima de las calificaciones reservadas para emisores con vulnerabilidad elevada.
La agencia fundamentó su decisión en cuatro factores principales. El desequilibrio fiscal se amplió a 6,1% del PIB en 2024, con una proyección de 7,1% para 2025.
Además, la deuda neta del gobierno superará 64% del PIB entre 2025 y 2028, mientras el servicio de la deuda consume más de 15% de los ingresos fiscales y alcanzaría 5% del PIB en 2026.
Adicionalmente, la suspensión de la regla fiscal durante tres años genera incertidumbre sobre la capacidad de ajuste de las finanzas públicas.
S&P advirtió que Colombia podría enfrentar una nueva rebaja en los próximos 12 a 18 meses si el gobierno no implementa medidas efectivas para estabilizar las cuentas fiscales.
Por su parte, Moody’s Investors Service también rebajó la calificación crediticia de Colombia de Baa2 a Baa3, ubicando al país en el último nivel dentro del grado de inversión. Esta categoría indica que Colombia mantiene un riesgo moderado para los inversionistas, pero se encuentra a un paso de caer en el grado especulativo.
A diferencia de S&P, Moody’s mejoró la perspectiva de su calificación de negativa a estable, indicando que no anticipa nuevos recortes en el corto plazo.
La calificadora justificó la rebaja por el deterioro de las finanzas públicas, destacando el déficit fiscal proyectado de 7,1% del PIB para 2025.
Moody’s también proyectó que la deuda pública crecería hasta 64% del PIB en 2027 si no se corrige la trayectoria actual, con pagos de intereses que podrían alcanzar 17% de los ingresos del gobierno central en 2025. La suspensión de tres años de la regla fiscal, mecanismo que obliga al Estado a mantener equilibrio entre ingresos y gastos, representa una preocupación adicional para la calificadora.
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