Víctor Mosquera, edil de la localidad de Fontibón, prendió las alarmas sobre su situación de seguridad tras revelar que ha sido víctima de amenazas luego de haber acompañado al precandidato Miguel Uribe Turbay el pasado 7 de junio, día en que este fue blanco de un atentado armado durante un acto público en Bogotá.
Mosquera, quien fue uno de los primeros en auxiliar al dirigente político tras el ataque, asegura que desde entonces su vida cambió drásticamente. Según relató en entrevista con el canal de YouTube La Red Viral, ha recibido intimidaciones verbales de desconocidos, incluyendo una advertencia directa: “Si sigue hablando m**, sigue usted”**.
“Me siento muy angustiado. He tratado de denunciar ante las autoridades y he solicitado protección a la Unidad Nacional de Protección, pero no he recibido respuesta”, afirmó el edil, visiblemente afectado.
“Miedo, aislamiento y falta de garantías” edil
Desde el atentado, Mosquera asegura vivir bajo constante temor. Ha tenido que abandonar temporalmente sus funciones, dejar su trabajo y evitar espacios públicos por miedo a ser atacado.
“Hoy me ha tocado esconderme como una rata. No puedo salir a la esquina, caminar por donde antes caminaba con total tranquilidad. Esta situación es insostenible”, lamentó.
Frente a la falta de garantías del Estado para proteger su integridad, el líder local afirmó que evalúa seriamente abandonar el país.
“Estoy pensando en salir de Colombia. No me siento protegido y mi vida está en riesgo”, sentenció.
Silencio institucional
Hasta la fecha, ni la Fiscalía General de la Nación, ni la Unidad Nacional de Protección (UNP) se han pronunciado oficialmente sobre la denuncia del edil, generando preocupación entre líderes sociales y defensores de derechos humanos que advierten sobre un clima hostil para quienes ejercen liderazgo político en el país.
El caso de Mosquera se suma a una serie de hechos que aumentan la tensión en el escenario preelectoral, donde la violencia y las amenazas contra candidatos y líderes comunales siguen siendo una constante.
Organizaciones sociales y sectores políticos han exigido a las autoridades una respuesta urgente y eficaz frente a este y otros casos, para frenar la escalada de violencia y garantizar condiciones seguras para la participación política.
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