El próximo 22 de julio podría marcar un giro definitivo en el escándalo de corrupción que rodea a la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD). Un juez de control de garantías evaluará la validez y contundencia del principio de oportunidad firmado por María Alejandra Benavides, exasesora del Ministerio de Hacienda, en el que señala a varios congresistas, entre ellos tres representantes de Córdoba.
Los nombres que aparecen en el documento son los de los senadores Liliana Bitar Castilla y Julio Elías Chagüi Flórez, así como el representante a la Cámara Wadith Manzur Imbett. Aunque los tres han rechazado públicamente cualquier vínculo con actos de corrupción, sus nombres fueron citados directamente en las declaraciones de Benavides ante la Fiscalía.
Contratos direccionados desde la UNGRD por $92 mil millones
Según la exasesora, desde el Ministerio de Hacienda se habría coordinado una operación ilegal para direccionar contratos por más de 92 mil millones de pesos, a cambio del respaldo político a reformas claves del Gobierno Nacional. Benavides aseguró que varios de esos contratos estaban diseñados para ejecutarse en Cotorra (Córdoba), con la participación directa del representante Manzur Imbett.
En cuanto al senador Julio Chagüi Flórez, las acusaciones lo relacionan con proyectos en el municipio de Sahagún, que habrían sido coordinados por el entonces ministro del Interior, Luis Fernando Velasco. Chats entre Chagüi y Benavides, revelados en el proceso, dan sustento a la versión de que habría existido una negociación para reducir una propuesta de $80 mil millones a $35 mil millones en contratos dirigidos a miembros de la Comisión Primera del Senado, representada por el congresista cordobés.
Bitar ya rindió indagatoria
Por su parte, la senadora Liliana Bitar Castilla compareció en diciembre pasado ante la Corte Suprema de Justicia, donde negó cualquier participación en los hechos denunciados. En enero de este año solicitó ampliar su versión voluntariamente, insistiendo en su disposición a colaborar con la justicia.
El caso está ahora en manos del magistrado Marco Antonio Rueda, de la Sala Especial de Instrucción de la Corte Suprema, quien podría asumir el proceso si el juez de garantías considera sólida la colaboración de Benavides.
Córdoba, otra vez bajo escrutinio
El escándalo de la UNGRD ha sacudido las estructuras del poder legislativo en Colombia, y los señalamientos hacia estos tres congresistas cordobeses los colocan en el centro de un proceso judicial sin precedentes. La audiencia del 22 de julio será crucial para definir si las acusaciones avanzan hacia imputaciones formales o si se descartan por falta de sustento jurídico.
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