En medio de la creciente crisis del sistema de salud colombiano, el Tribunal Administrativo de Antioquia decretó una medida cautelar que ordena al Gobierno nacional y a las EPS intervenidas por la Superintendencia de Salud cumplir con el pago de las deudas que mantienen con la red hospitalaria. La decisión, emitida por la Sala Unitaria de Decisión, busca garantizar el acceso oportuno y eficiente a los servicios de salud en Medellín, una ciudad golpeada por la falta de recursos en sus instituciones prestadoras de servicios (IPS).
La medida exige al Ministerio de Hacienda, al Ministerio de Salud, a la ADRES y a la Superintendencia Nacional de Salud realizar gestiones inmediatas para sanear la cartera vencida y asegurar el flujo de recursos en un plazo máximo de 30 días. La decisión responde a una acción popular interpuesta en junio de 2025 por el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, quien acusó al Gobierno de haber asfixiado financieramente el sistema. El mandatario hizo un llamado a otros alcaldes y gobernadores del país a respaldar esta acción legal, señalando que está en juego la vida de millones de colombianos.
Según la Contraloría General de la República, las EPS acumulan pasivos por $32,9 billones y, de estas, al menos 16 presentan graves problemas de liquidez, afectando a más de 29 millones de usuarios. Además, las deudas con operadores farmacéuticos ascienden a $2,8 billones, a pesar de pagos por más del 90% de la facturación del sector. Esta situación ha generado un aumento en las quejas por falta de medicamentos y demoras en citas médicas, que en 2023 superaron los 1,6 millones de reportes.
