El Tribunal Administrativo de Córdoba ordenó la suspensión provisional de los efectos de la Resolución 20223200162856, expedida por la Agencia Nacional de Tierras (ANT), mediante la cual se pretendía realizar el deslinde de la Ciénaga de Martinica, ubicada en zona rural de Montería.
La decisión fue adoptada por el magistrado Eduardo Javier Torralvo Negrete tras admitir una solicitud de medida cautelar presentada por un grupo de ciudadanos que alegan ser propietarios de predios incluidos de forma arbitraria dentro del polígono delimitado como parte de la ciénaga.
Según los demandantes, la ANT no tenía competencia para declarar baldíos estos terrenos, pues se trata de propiedades privadas con tradición superior a 50 años, debidamente registradas. Señalan además que no fueron notificados ni vinculados formalmente al procedimiento administrativo, lo que vulneró su derecho al debido proceso.
El Tribunal advirtió que, según la reclamación, la resolución fue emitida con base en información desactualizada, sin un análisis técnico, ambiental ni registral riguroso que permitiera determinar con precisión el área real del cuerpo de agua. Esto habría provocado una delimitación errónea que afecta derechos de propiedad legítimamente adquiridos.
Además de suspender provisionalmente los efectos de la resolución, el Tribunal ordenó a la ANT abstenerse de adelantar cualquier actuación administrativa relacionada con el procedimiento de deslinde, al menos respecto a los demandantes, hasta que se emita una sentencia definitiva sobre el caso.
La decisión también será comunicada a la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Montería para lo de su competencia.
Este fallo representa un nuevo capítulo en el debate jurídico por el control y la titularidad de los terrenos que rodean la Ciénaga de Martinica, un ecosistema estratégico que ha sido objeto de múltiples controversias entre comunidades, propietarios privados y entidades del Estado.
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