La decisión judicial afecta 398 hectáreas en la vereda San Fernando y se ejecutará el 15 de julio con acompañamiento de fuerza pública.
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Un fallo del Tribunal de Restitución de Tierras de Antioquia ordenó el desalojo de 55 familias campesinas víctimas del conflicto armado que habitan en la vereda San Fernando, corregimiento de Aragua, municipio de Valencia. La medida se ejecutará el próximo 15 de julio.
Las familias afectadas compraron las parcelas de buena fe a adjudicatarios del INCORA mediante contratos de compraventa. Elvira del Carmen Negrete Vázquez, lideresa de la organización Víctimas Revictimizadas, explica que estos campesinos llevan entre 10 y 15 años trabajando la tierra donde cultivaron maíz, arroz, plátano, yuca y cacao, además de desarrollar ganadería.
El conflicto legal surgió cuando Lázaro García, el hacendado original que vendió las 398 hectáreas al INCORA hace más de 30 años, reclamó la tierra ante la Unidad de Restitución alegando ser víctima del conflicto. El tribunal le concedió una compensación económica mientras ordenó devolver las tierras al Fondo de Restitución.
Los campesinos enfrentan una doble victimización. Compraron las mejoras a los parceleros originales del INCORA, muchos provenientes de Montería que no se adaptaron al territorio. La mayoría no posee escrituras porque la cultura campesina local funcionaba con contratos de palabra o compraventa simple.
García vendió inicialmente la tierra al INCORA a un precio cuatro veces superior al valor comercial de la época, según testimonios de campesinos que participaron en el proceso. Ahora recibe compensación económica del Estado mientras los compradores de buena fe pierden sus tierras y medios de subsistencia.
La Defensoría del Pueblo evaluó que solo 8 de las 55 familias tienen posibilidades de modular la sentencia. Las decisiones de los tribunales de restitución no admiten recursos ordinarios, lo que deja pocas opciones legales a los afectados.
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