La entidad científica llamó al gobierno a «despolitizar la salud, mesurar el lenguaje y sentarse con todos los actores incluidas las EPS»
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La Asociación Colombiana de Sociedades Científicas (ACSC) expresó su profunda inquietud por el deterioro del sistema de salud tras la sentencia de la Corte Constitucional que evidenció graves irregularidades en la intervención de Sanitas EPS por parte de la Superintendencia Nacional de Salud.
“Vemos con preocupación cómo la legitimidad de las intervenciones se pone en evidente tela de juicio, ahondando la crisis que nos agobia desde hace ya dos años”, declaró la entidad científica presidida por Agamenón Quintero, cuestionando la validez jurídica de todas las medidas adoptadas por la Supersalud.
La preocupación surge tras comprobarse que la Superintendencia incurrió en “desaciertos” que van desde el “desdibujamiento total del objeto de la intervención” hasta el “incumplimiento de órdenes judiciales del mismo Alto Tribunal”, derivando en “una aplicación arbitraria” del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero.
La ACSC advierte que al encontrarse “con una actuación administrativa que va en contravía del ordenamiento jurídico”, surge la pregunta sobre si “las demás intervenciones realizadas a las EPS padecen los mismos defectos y traerán como consecuencia su revocatoria”.
Esta incertidumbre jurídica ha generado consecuencias devastadoras en el sistema sanitario. Las sociedades científicas documentan ocho efectos críticos: desmantelamiento del sistema de atención, fragmentación de redes, cierre masivo de servicios, deterioro en la calidad de atención, aumento exponencial de quejas, incremento de tutelas, falta de medicamentos y negación gubernamental de las fallas.
Los datos son contundentes: entre 2023 y 2024 se registraron 27.412 cierres temporales de servicios, 43.7% más que las aperturas.
Las PQRS aumentaron 250% entre 2017 y 2024, mientras las tutelas en salud crecieron de 156.413 en 2022 a 237.210 en 2024.
La entidad científica llamó al gobierno a “despolitizar la salud, mesurar el lenguaje y sentarse con todos los actores incluidas las EPS” para superar una crisis que evidencia “improvisación” según el Alto Tribunal Constitucional.
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