La empresa de seguridad privada Vipers Ltda., con operaciones en Barranquilla, Bogotá, Cartagena, Medellín y Montería, emitió un comunicado oficial rechazando la decisión de la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada que ordenó la cancelación de su licencia de funcionamiento.
En el documento, la compañía con más de tres décadas en el sector de vigilancia afirma que dicha resolución fue adoptada en primera instancia por un delegado de la Supervigilancia, y enfatiza que la decisión no se encuentra en firme, por lo que interpondrán los recursos de reposición y apelación correspondientes dentro de los términos legales establecidos.
La decisión de la entidad reguladora surgió tras una inspección administrativa que documentó presuntas irregularidades como extralimitación en funciones reservadas a la Fuerza Pública, prestación de servicios con personal no acreditado, uso indebido de uniformes, operación no autorizada de drones y deficiencias en la custodia de armamento.
“Estamos plenamente seguros que las actuaciones de nuestra empresa se han ajustado a la normativa vigente”, manifestó Vipers en su comunicado, expresando confianza en que, una vez valoradas “con objetividad” las pruebas aportadas y sus argumentos jurídicos, la decisión será revocada en sede administrativa o jurisdiccional.
La empresa, que según la Supervigilancia cuenta con un arsenal de 610 armas de fuego, 51 vehículos y emplea a 2.911 personas, reiteró que continúa operando con normalidad y mantiene su compromiso con “la legalidad, la transparencia y el bienestar” de las más de 3.000 familias vinculadas a su organización.
