Proyecto de ley propone que el gobierno destine recursos anuales para infraestructura y operación de TransMilenio y otros sistemas del país.
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La congresista Carolina Arbeláez radicó un proyecto de ley que busca la cofinanciación del gobierno nacional para los sistemas de transporte masivo del país, que atraviesan una profunda crisis financiera.
La iniciativa pretende destinar recursos anuales no solo para infraestructura, sino también para la operación de estos sistemas en las principales ciudades colombianas.
El proyecto surge ante la situación crítica que enfrentan los sistemas de transporte público, muchos de los cuales han suspendido operaciones por falta de recursos.
Bogotá representa el caso más emblemático con TransMilenio acumulando un déficit superior a los 3 billones de pesos, una cifra que evidencia la magnitud del problema estructural.
Arbeláez explicó que la propuesta busca implementar un modelo similar al que funciona en otros países del mundo, donde los gobiernos nacionales participan activamente en la financiación del transporte público urbano.
“Lo que buscamos es una cofinanciación por parte del gobierno nacional para la infraestructura, para que el sistema de transporte público sea sostenible y amigable con el medio ambiente”, señaló la congresista.
El proyecto también contempla recursos para la adquisición de flotas eléctricas, alineándose con los compromisos ambientales del gobierno nacional establecidos en el plan de desarrollo actual. Este componente busca modernizar el parque automotor y reducir las emisiones contaminantes en las ciudades.
La propuesta contempla que todos los entes territoriales creen un fondo de estabilización tarifaria, donde llegarán los recursos destinados única y exclusivamente al transporte público. “No incluye gastos administrativos, precisamente para evitar que los recursos se vayan en burocracia o en clientelismo”, explicó Arbeláez.
El proyecto también incluye inversión gubernamental en herramientas tecnológicas para mejorar la seguridad de los sistemas y reducir la evasión. Esta medida busca atacar uno de los principales problemas que afectan la sostenibilidad financiera del transporte masivo.
Pese a que el plan de desarrollo actual incluye un artículo que establece la cofinanciación gubernamental para sistemas de transporte público, ninguna ciudad ha recibido esta ayuda hasta el momento.
La legisladora destacó esta inconsistencia como uno de los principales argumentos para formalizar la obligación a través de una ley específica.
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