El exmandatario de Medellín enfrentará proceso judicial por peculado, prevaricato e interés indebido.
La Fiscalía imputó este martes 8 de abril cargos por tres delitos al exalcalde de Medellín, Daniel Quintero Calle, tras vincularlo formalmente a un proceso penal por presuntas irregularidades en el caso Aguas Vivas.
El ente acusador le atribuye los delitos de interés indebido en la celebración de contratos, peculado por apropiación y prevaricato por acción.
El caso involucra un predio destinado inicialmente a la construcción de un ecoparque, cuyo avalúo habría sido modificado sin justificación durante la administración Quintero. Según la investigación, el terreno pasó de costar $2.700 millones en 2019 a más de $48.000 millones en 2020, aparentemente para beneficiar a terceros.
La Fiscalía señala que el exalcalde también modificó un decreto para cambiar el uso del suelo del lote sin contar con la aprobación del Concejo de Medellín, requisito legal obligatorio para este tipo de decisiones administrativas. Durante la audiencia, la fiscal explicó que Quintero incumplió su deber de proteger los recursos públicos de la ciudad.
Otros ocho exfuncionarios de la administración Quintero y tres particulares fueron igualmente imputados por su presunta participación en estas irregularidades. Entre los exfuncionarios figuran Karen Bibiana Delgado (exsecretaria de Suministros), Alethia Arango (exsubsecretaria de Defensa de lo Público) y Sergio López (exdirector de Planeación).
Los particulares señalados son Juan Diego de Jesús Moreno (representante de IDC Inversiones SAS), José Fernando Rueda (representante de Técnicas Constructivas SAS) y Juan Manuel Villegas.
El caso ha provocado un fuerte enfrentamiento político entre Quintero y el actual alcalde Federico Gutiérrez. El exmandatario afirma que las acusaciones son falsas y que la Fiscalía no ha considerado sus explicaciones, mientras Gutiérrez ha comparado la situación con el escándalo del “carrusel de la contratación” de los hermanos Moreno en Bogotá.
El exalcalde no aceptó los cargos presentados por la Fiscalía, por lo que el proceso continuará en etapa de juicio. La investigación se centra en determinar la responsabilidad de todos los implicados en las presuntas irregularidades administrativas que habrían permitido el cambio de avalúo del predio y su posterior cambio de uso de suelo.
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